Hay expresiones que aparecen después de las elecciones y terminan diciendo más de quienes las pronuncian que de quienes depositaron el voto. Una de ellas es el ahora famoso “voto fusil”, una etiqueta que comenzó a circular con fuerza tras la segunda vuelta presidencial y que rápidamente se convirtió en una explicación conveniente para algunos sectores políticos frente a unos resultados que no esperaban y solo estigmatizan a los electores.
El argumento es conocido. Desde la derecha se afirmó que el aumento de la participación electoral en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado, como Chocó, Putumayo y Nariño, no respondía a una movilización ciudadana genuina sino a la presión ejercida por grupos armados ilegales para favorecer una candidatura. A esos votos decidieron llamarlos “voto fusil”.
Y aunque nadie puede negar que son territorios donde la presencia de actores armados ha sido una realidad dolorosa durante décadas, reducir la decisión política de millones de personas a una orden impuesta por las armas es una conclusión tan simplista como irrespetuosa.
Porque detrás de cada voto en esos territorios hay historias que rara vez aparecen en los análisis electorales de televisión. Hay personas que recorren largas distancias para llegar a un puesto de votación. Hay quienes deben desplazarse en lancha durante horas, cruzar ríos, viajar a caballo o caminar por caminos donde el Estado aparece únicamente en época electoral. Hay familias que ahorran dinero durante semanas para costear el transporte y ejercer un derecho que para otros resulta tan sencillo como caminar unas cuadras. También hubo ciudadanos que organizaron campañas para ayudar a financiar el traslado de votantes que querían participar. Por eso resulta tan ofensivo que, después de todo ese esfuerzo, alguien pretenda resumir esos votos en una sola palabra: fusil.
Los resultados fueron cerrados, una diferencia de 250.830 sufragios, un margen estrecho que, como suele ocurrir, alimentó las sospechas y las narrativas de fraude desde distintos sectores. Entonces si el aumento de la participación en regiones periféricas es automáticamente catalogado como “voto fusil”, ¿cómo llamamos entonces a otras formas de presión política que también existen en Colombia? ¿Cómo llamamos a los votos obtenidos mediante el miedo a perder un contrato? ¿Cómo llamamos a los funcionarios que reciben mensajes directos o indirectos sobre por quién deberían votar? ¿Cómo llamamos a las presiones dentro de algunas alcaldías, gobernaciones o entidades públicas donde la permanencia laboral parece depender de la simpatía política correcta? Porque si vamos a cuestionar la libertad del voto, tendríamos que hacerlo con el mismo rigor para todos.
Basta mirar algunos casos concretos para entender por qué la explicación del “voto fusil” resulta insuficiente. Popayán, por ejemplo, está ubicada en una región donde el conflicto sigue siendo una realidad y donde durante el último año los hechos de violencia han sido noticia nacional. Allí Iván Cepeda obtuvo una votación importante, pero Abelardo de la Espriella también logró un respaldo significativo. Si la tesis fuera tan simple como la imposición de un único comportamiento electoral por parte de grupos armados, ¿cómo se explican entonces esos resultados?
Lo digo también desde una experiencia personal. He tenido la oportunidad de recorrer distintos territorios del país y conocer realidades que rara vez aparecen en los debates políticos de las grandes ciudades. Estuve en Popayán en uno de esos momentos en los que la situación de seguridad obligaba a modificar planes y a convivir con la incertidumbre que genera el conflicto. Son experiencias que permiten entender algo elemental: Colombia no puede analizarse únicamente desde un escritorio. Los territorios tienen matices, contradicciones y dinámicas propias que no caben en una explicación cómoda para los paneles de opinión.
También debería ser válido considerar una posibilidad mucho más sencilla: que más personas estén decidiendo participar. Durante años se ha insistido en la necesidad de combatir la abstención y fortalecer la democracia. Entonces, ¿por qué cuando aumenta la participación en determinadas regiones la primera explicación no es el compromiso ciudadano sino la sospecha? Tal vez una parte de esos nuevos votantes simplemente decidió ejercer su derecho. Tal vez muchas personas acudieron a las urnas convencidas de que su voto podía influir en el rumbo del país. Tal vez votaron por una propuesta de cambio, por una propuesta de seguridad o por cualquier otra razón legítima que solo les corresponde a ellas.
Nada de esto significa desconocer una realidad evidente: muchos de estos territorios han sido históricamente abandonados por el Estado y continúan enfrentando la presencia de actores armados. Ese problema existe y sería irresponsable negarlo. Pero una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta es convertirla en una herramienta para deslegitimar automáticamente la voluntad política de sus habitantes.
Porque al final la etiqueta del “voto fusil” termina recayendo sobre ciudadanos que durante años han cargado con toda clase de estigmas. Muchos ya fueron señalados injustamente como guerrilleros, colaboradores o simpatizantes de uno u otro actor armado simplemente por vivir en determinadas regiones del país. Ahora parece que algunos también quieren reducir sus decisiones democráticas a una imposición armada. Quizás muchos de esos ciudadanos votaron con la esperanza de un cambio, o, como decía uno de los lemas de campaña, decidieron jugársela por la vida. Lo que resulta injusto es que, una vez más, se les niegue la posibilidad de ser vistos como ciudadanos capaces de pensar y decidir por sí
Quizás el verdadero problema es que todavía hay quienes creen que algunos votos valen menos que otros. Que hay una democracia para unos y sospecha para otros.
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