A unas cuantas semanas de las elecciones legislativas de 2026, el debate sobre seguridad sigue atrapado en fórmulas repetidas y diagnósticos parciales. Por ejemplo, más de un candidato al Congreso de la República ha vuelto a reciclar la vieja idea de solucionar el problema de la extorsión mediante el bloqueo de las señales de celular en las cárceles. La respuesta de estos candidatos se fundamenta en la percepción generalizada de que las cárceles son la principal fuente de la extorsión que afecta a miles de familias y negocios en el país.
El problema con esta respuesta radica en que, a pesar de la percepción generalizada, la extorsión carcelaria apenas es una parte de los fenómenos territoriales que se viven en ciudades del Valle de Aburrá, como Medellín o Bello. En estos lugares, la extorsión se mimetiza detrás de “módicas” cuotas semanales que se cobran a hogares y comercios a cambio de “servicios de seguridad” o del control del tránsito de busetas en ciertas zonas del territorio. Sin duda, estos fenómenos son más difíciles de abordar. Y si los diagnósticos son parciales, las soluciones tendrán alcances limitados ante la magnitud de las problemáticas.
Otro ejemplo en la actual competencia electoral radica en el dilema de la continuidad o no de la política de paz total del actual Gobierno Nacional. Se encuentran candidatos que creen firmemente que la apuesta por el diálogo es el único camino que le queda al país, y otros que sienten que, después de tanta permisividad, la única opción es la mano dura frontal contra el crimen organizado.
Los de un lado no logran presentar evaluaciones con indicadores verificables que permitan identificar reducciones sostenidas de la violencia, de las economías ilegales o de los ataques contra la fuerza pública. Ni siquiera pilotos pequeños, monitoreados por múltiples organizaciones sociales (como el que se organizó en algunos barrios de Medellín y Bello para reducir la extorsión), han podido dar cuenta de cómo la “paz total” ha transformado los territorios.
Y por el otro lado, es difícil encontrar un proyecto político que ofrezca una mano dura que no naufrague en su propia visibilidad. ¿Cómo explicar fácilmente lo que harían las fuerzas militares y de policía ante los desafíos que plantea la criminalidad actual, como el uso de drones para atacar a la fuerza pública, la cibercriminalidad o las prácticas sutiles de gobernanza criminal? Tampoco quedan muy claros los límites de esa mano dura frente al respeto de los derechos fundamentales.
Menos claro aún es cuál podría ser la agenda legislativa de los próximos cuatro años para enfrentar la criminalidad urbana, que sigue poniendo en jaque a cientos de ciudadanos víctimas de fleteos y hurtos con violencia en el espacio público. En este campo, el tema es aún más sensible. Si las personas se sienten inseguras y confían poco en que sus instituciones podrán prevenir y controlar a los criminales, se pone en duda incluso la legitimidad del accionar estatal.
El llamado es, entonces, doble: por una parte, a los candidatos, para que afinen sus discursos sobre seguridad y convivencia. Es necesario que, en esta recta final, planteen ideas menos abstractas y nos cuenten sus planes concretos, verificables y realistas sobre lo que podremos esperar en esta materia. Y, por la otra, a los ciudadanos, para que redoblemos los esfuerzos y exijamos información de mejor calidad sobre lo que nos están proponiendo. No es otra cosa que ejercer nuestro derecho al voto de manera cualificada e informada.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
