“Estación de guardacostas” es el eufemismo que el gobierno de Gustavo Petro viene utilizando para referirse a lo que será una base militar de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos en aguas del pacífico colombiano. El proyecto contempla la construcción de un nuevo muelle y un radar militar de 55 metros de altura en el Parque Nacional Isla Gorgona. Parte del material para el emplazamiento de esta base militar ha reposado en una bodega en el Puerto de Buenaventura, donde el Gobierno de Estados Unidos pagó unos diez mil dólares mensuales por su uso.

Además de constituir una posible violación al Acuerdo de Escazú, pilar ideológico de la política medioambiental de este gobierno, la iniciativa está llena de incoherencias. Y es que no se entiende bajo qué lógica, un Gobierno que ha tenido por slogan convertir a Colombia en una “Potencia Mundial de la Vida” pretende dar paso a la construcción de una infraestructura que atentaría gravemente contra los ecosistemas de la Isla y la región, pasando por encima de la voluntad de las comunidades afectadas, del dictamen de las agremiaciones científicas y del Tribunal Superior de Cundinamarca, en donde se adelanta un proceso judicial que ordenó la realización de un peritaje técnico no llevado a cabo todavía.

La mítica Isla Gorgona, que en otros tiempos fuera la más temible cárcel de Colombia, y la cual debe su nombre a la deidad griega con cabeza coronada por serpientes, es considerada un santuario natural, refugio de ballenas jorobadas, delfines moteados y en cuyas playas desovan tortugas verdes y tortugas carey. Gorgona alberga también una gran variedad de especies animales y vegetales, muchas de las cuales son endémicas de la región. La isla proporciona un hábitat crucial para especies en peligro de extinción y desempeña un papel vital en los ecosistemas marinos y terrestres de la zona. Todo esto se pondría en riesgo con la construcción de la base militar, en donde el muelle y el radar de guerra serían sólo el inicio para la edificación de una estructura mucho más grande en el futuro.

A tal punto llegan las incoherencias del gobierno de Gustavo Petro que, pese a su retórica contra el dominio de los “países del norte”, de sus denuncias frente a las políticas de Estados Unidos en escenarios internacionales, aceptó sumiso y silencioso los 12 millones de dólares que el gobierno gringo entregó para la construcción de la base militar. En su intento por darle una fachada sostenible y ambiental a semejante disparate, la Ministra Muhammad afirma que la “estación de guardacostas” será operada sólo por el gobierno colombiano y servirá en la lucha contra el narcotráfico. Pero como muy bien se dice en el “Imperio”, no hay almuerzo gratis. Estados Unidos utilizará esta base militar como parte de su estrategia geopolítica.

Seamos honestos: Si el objetivo es combatir el narcotráfico, considerando las tecnologías actuales que posibilitan el uso de radios con cobertura de miles de kilómetros, ¿por qué no situar el radar militar en un sitio diferente a Gorgona, como Gaupi, un municipio en la costa del Pacífico a 35 kilómetros de la isla? ¿por qué poner en riesgo un hábitat tan complejo y tan frágil como el de Gorgona, compuesto tanto de arrecifes coralinos como de selva húmeda tropical? Petro predica, pero no aplica. Es la incoherencia hecha persona. Por eso es crucial que la sociedad colombiana entienda las intenciones que subyacen a la construcción de esta base militar, las implicaciones medioambientales y las tensiones geopolíticas en las que se vería inmerso nuestro país.

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