«Y vivieron felices para siempre.» Esta es la frase cliché con la que concluyen muchos cuentos de hadas, simbolizando ese anhelo de final perfecto, ese sueño compartido por tantos de tener una historia que culmine de manera ideal. Pero en el terreno de la economía, esa narrativa es, en el mejor de los casos, ilusoria. La economía es un campo complejo, marcado por un realismo contundente. Rara vez se encuentra un final feliz para todos; las decisiones, aunque óptimas, suelen dejar algún sinsabor. Se persigue el bien común, pero esto a menudo significa elegir la mejor opción posible, aunque no sea la ideal para todas las partes involucradas.

En la teoría de juegos, se exploran escenarios hipotéticos donde las decisiones y comportamientos de los actores —impulsados por sus necesidades, circunstancias y disposiciones— crean una serie de ventajas o desventajas. Lo que vimos esta semana con el paro camionero es un ejemplo perfecto de la teoría de juegos en acción: dos jugadores enfrentados, el gremio de transportadores y el gobierno, cada uno buscando maximizar su beneficio en un pulso de poder.

Mientras el paro ejercía presión sobre la población, con el aumento de los costos de transporte y, en consecuencia, el costo de vida a través de la inflación de alimentos y bienes esenciales, el gremio de transportadores emergió como el principal negociador. Su demanda inicial —compensación por el aumento de 2.000 pesos en el precio del diésel— era legítima. Sin embargo, detrás de esa demanda había una lucha de poder más amplia con el gobierno, una batalla en la que el gobierno se encontraba en desventaja debido al impacto social del desabastecimiento.

Podríamos proclamar que hubo un vencedor, pero el costo de esa victoria fue alto. El gobierno celebró rápidamente el fin del paro como un triunfo, señalando que logró resolver el conflicto en tiempo récord y evitar una crisis social más profunda. Pero la realidad es más sombría: perdió su poder de negociación para futuras disputas y comprometió aún más la sostenibilidad del ya frágil Fondo de Estabilización del Combustible, debido a aumentos de precios progresivos pero insuficientes para reducir el déficit.

Los transportadores, por su parte, lograron que sus condiciones fueran renegociadas, colocando al gobierno en una posición vulnerable que lo obligó a ceder en sus términos. Consiguieron que se revisaran los costos y se mejoraran las condiciones del sector, y limitaron el aumento del precio del diésel a solo 800 pesos este año, significativamente menos de lo previsto.

A pesar de esta aparente resolución, el problema fiscal persiste. Una vez más, se pone de manifiesto el conflicto inherente entre finanzas públicas, expectativas sociales y el poder de negociación. Aunque el gobierno pueda sostener un discurso de «felices para siempre», la teoría de juegos revela que ha perdido una pieza clave en su tablero. Su capacidad de toma de decisiones se percibe cada vez más frágil e inestable en los ojos de una sociedad agotada. Solo queda esperar cuál será el desenlace de la próxima reforma tributaria y cómo, en medio de nuevas negociaciones, el gobierno intentará imponerla, consciente de que los gremios han aprendido que pueden negociar y ganar, a veces más de lo que esperaban.

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