Ante la negativa del Gobierno Nacional de destinar recursos para acabar las vías 4G de Antioquia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto con el expresidente Álvaro Uribe, propusieron hacer una “vaca” ciudadana para terminarlas. ¿Servirá esto de algo o terminará siendo sólo una medida populista? ¿Donarán las empresas y los grandes terratenientes, o sólo los ciudadanos de a pie?

Es evidente que Antioquia no está entre los favoritos del presidente Gustavo Petro, pues ha sido un bastión opositor al petrismo desde que este existe. Sin embargo, como con tantos otros asuntos públicos, Petro debería comportarse como presidente, no como activista, y no castigar a Antioquia por pensar diferente a él. Los gobiernos deben entender que, cuando son elegidos, deben gobernar para todos los colombianos: quienes votaron por ellos y quienes no.

Ahora bien, creo que es crucial que las vías estén listas, no sólo para el departamento, sino también para el país en general. Serían un gran impulsor económico y de desarrollo para el Chocó, por ejemplo, por el que el Presidente tanto se rasga las vestiduras cuando se refiere a los más vulnerables. También son necesarias para conectar el sur y el norte del país; creo que es importante entender que las vías no son sólo de los antioqueños, sino de todos los colombianos, y que la iniciativa de la vaca permite reforzar el regionalismo sin fundamentos.

Al Gobierno puede salirle el tiro por la culata: en caso de que Rendón y Uribe logren recoger la plata para las vías, sería un triunfo político inmenso para la oposición. Pero las vías deberían ser vistas como algo que beneficie a todo el país, y el llamado, cuando se hace sólo a los antioqueños, hace pensar que sólo nos beneficiaría a nosotros. Reitero que este sería un catalizador para discursos regionalistas que pueden resultar, en algunos casos, bastante extremos, y que Antioquia se aislaría aún más del Estado central. El discurso de “los antioqueños podemos con todo” puede ser muy romántico, pero a la vez puede difuminar los intereses colectivos que, a la larga, son de todo el país.

Además, el precedente que se crea es peligroso: ante un Gobierno sesgado que se lave las manos, los ciudadanos deberán resolver los problemas públicos por su cuenta. Eso puede tornarse en contra de otras regiones de Colombia; más aún si no están en la simpatía del Gobierno central. Y eso aplica para Petro y para cualquier otro presidente ególatra que venga después: si tanto necesitan las obras, que miren entre ellos cómo resuelven, pues no será problema del Gobierno.

Para terminar, es evidente que todavía faltan muchas preguntas para responder en esta “vaca”. Pero lo más crucial para cuestionarnos es qué mecanismos de transparencia existirán para que la plata que ya está donando la gente no se esfume, pues no es que nos caractericemos por ser un país donde se cuiden mucho los recursos para las obras públicas. La medida no puede ser un cheque en blanco y, si bien toda obra debería manejarse con transparencia, este caso atípico sí que debería tener aún más garantías. ¿Quién se encargará de manejar esa plata en la Gobernación? ¿Quién hará veeduría para que esos recursos no se los roben? ¿Cuándo empezarán a inyectar ese capital a las obras, si es que lo consiguen?

Lo único que parece ser claro en este momento es que la necesidad tiene cara de vaca.   

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