En Colombia, la democracia se edifica sobre pilares que van más allá de la participación política en las urnas. La existencia de órganos de cierre como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado garantiza que las reglas del juego en la política se respeten, se interpreten con rigor jurídico y se apliquen con imparcialidad. Sin embargo, en los últimos meses, hemos sido testigos de una preocupante tendencia: líderes políticos que, en lugar de acatar las decisiones de estas instituciones, las desacreditan públicamente, debilitando el tejido institucional que sostiene nuestra democracia.
La controversia en torno a la fusión del Pacto Histórico y la escisión del partido MAIS es un ejemplo claro. El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus funciones, decidió excluir a Colombia Humana y Progresistas del proceso de fusión, argumentando que no cumplían con los requisitos legales y estatutarios, dispuestos para ello. En lugar de respetar esta decisión o acudir a los mecanismos legales de impugnación, varios líderes del Pacto Histórico, como María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Aida Avella optaron por denunciar una supuesta “intención antidemocrática” de la Corporación, acusándolo de sabotear la unidad de la izquierda y obstaculizar su participación en las elecciones del 2026.
Este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino peligrosas. El Consejo Nacional Electoral no está para favorecer ni perjudicar a ningún sector político; está para aplicar la ley. Si un partido no cumple con los requisitos para participar en una fusión, corresponde a éste actuar en consecuencia. Convertir una decisión técnica en una conspiración política es una estrategia que erosiona la legitimidad institucional y confunde a la ciudadanía.
Pero el problema no se limita al Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, y órgano de cierre para los asuntos elecorales, ha sido blanco de críticas aún más graves. La decisión de revocar la personería jurídica del partido Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper, fue recibida con acusaciones de “guerra de poderes” y de violación del Acuerdo de Paz. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha insinuado que existe una tendencia sistemática a excluir partidos progresistas mediante decisiones judiciales.
Estas afirmaciones son profundamente preocupantes. En un Estado de Derecho, los fallos judiciales se acatan. No se negocian, no se desacreditan, no se desobedecen. Si existen argumentos jurídicos para controvertir una decisión, deben presentarse en los canales institucionales correspondientes. Pero cuando los líderes políticos desacreditan públicamente a los jueces, están enviando un mensaje devastador: que la ley es secundaria frente a los intereses políticos.
La institucionalidad está en jaque, no por las decisiones de los jueces, sino por la actitud de quienes deberían ser sus principales defensores. Los órganos de cierre existen precisamente para evitar que el poder político se imponga sobre el marco legal. Si los políticos no respetan sus decisiones, ¿qué garantías quedan para los ciudadanos, para los opositores, para las minorías?
Esta actitud tiene consecuencias prácticas. La deslegitimación de las instituciones genera desconfianza, polarización y desinformación. Los ciudadanos comienzan a ver las decisiones judiciales como maniobras políticas, y no como actos de justicia. Se pierde el respeto por la ley, y con ello, la estabilidad democrática.
Es hora de que los líderes políticos entiendan que la democracia no se defiende con discursos incendiarios, sino con respeto a las reglas, no pueden pretender acceder a un derecho que la ley no les da y luego convertir eso en una narrativa de victimización. Las instituciones no son obstáculos, son garantías. Y si se equivocan, que no es el caso, existen mecanismos para corregir sus errores, pero nunca para desacreditarlas. Colombia necesita más institucionalidad, no menos. Necesita líderes que entiendan que el poder se ejerce dentro de los límites de la ley, y que el respeto por los órganos de cierre es una condición indispensable para la convivencia democrática. Porque cuando los políticos deslegitiman a los jueces, no están defendiendo al pueblo: están debilitando el pacto institucional que nos permite vivir en paz.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
