El gobierno del presidente Gustavo Petro ha promovido una política educativa orientada a fortalecer el sistema público, sustentada en la premisa según la cual la educación es un derecho y no un lujo. Y en algo tiene razón el presidente: es el Estado quien debe garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos. Pero se equivoca en no poca cosa. Para él es imposible concebir un sistema mixto de educación, donde lo público y lo privado puedan coexistir, lo cual lo ha llevado a empeñarse en la irracional tarea de socavar la educación privada, limitando así la competencia y restringiendo la libertad de elección. Es esa la razón detrás de la designación del energúmeno que nombró como Ministro de Educación.

La libertad de elección es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. En el contexto educativo, esta libertad se traduce en la capacidad de los padres para decidir el tipo de educación que desean brindar a sus hijos, y no someterse por necesidad o carencia a lo que alguna vez denominaron los marxistas franceses como “aparatos ideológicos de Estado”. La educación privada ofrece pues a las familias la posibilidad de optar por instituciones que se alineen con sus valores, creencias y expectativas de calidad. Restringir esta opción no sólo limita el derecho de las familias a elegir, sino que favorece la instauración de un sistema que tiene como raíz la homogenización de las subjetividades.

Debemos reconocer también que, en la mayoría de los casos, la educación privada es sinónimo de calidad. No es un secreto que muchas de las instituciones privadas en Colombia ofrecen una educación de mayor nivel académico que las públicas. Esta calidad no solo se refleja en los resultados de pruebas estandarizadas, sino también en el desarrollo integral de los estudiantes, en su preparación para el mundo globalizado y en las oportunidades que se les abren para su futuro profesional, logrando romper con ciclos generacionales de pobreza, exclusión y ausencia de movilidad social.

La educación privada genera entonces un impacto en la calidad educativa, pero también en la economía y en el conjunto de la sociedad. Estas instituciones crean empleo, promueven la innovación educativa y, en muchos casos, se convierten en motores de desarrollo para las comunidades donde se encuentran emplazadas. Países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur y Canadá, reconocidos por la alta calidad de sus sistemas educativos, han sabido equilibrar la coexistencia de lo público y lo privado. Los sistemas educativos mixtos pueden generar un círculo virtuoso que impulsa el crecimiento económico de un país al mejorar la calidad de la educación, desarrollar capital humano, atraer inversión extranjera, fomentar el emprendimiento y adaptarse mejor a las demandas reales del mercado laboral.

Para finalizar, no dejemos de pensar en el futuro. Un país como el nuestro, si lograra encontrar equilibrio en un sistema mixto, debe estar orientado hacia la preparación de los estudiantes para un mundo cada vez más complejo, globalizado y digitalizado. Las instituciones privadas, al tener mayor flexibilidad, pueden liderar la incorporación de nuevas tecnologías en el aula, ofreciendo programas que preparen a los estudiantes para la vida y el trabajo en el siglo XXI. Un modelo educativo que fomente la innovación, la diversidad y la competencia entre lo público y lo privado es la mejor garantía para que los estudiantes colombianos estén a la altura de los desafíos de nuestra época.

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