Las democracias no se sostienen únicamente sobre mayorías en las urnas; se sostienen sobre reglas. La legitimidad del sistema electoral no depende del resultado que produzca, sino del consenso institucional en torno a su validez. Cuando quienes han llegado al poder bajo esas reglas comienzan a cuestionarlas sin evidencia técnica concluyente, la discusión deja de ser una reforma institucional y se convierte en una estrategia política que erosiona la confianza pública.
El presidente Gustavo Petro fue elegido varias veces congresista, luego alcalde de Bogotá y finalmente presidente de la República bajo la arquitectura institucional que hoy somete a críticas. Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, también fue elegido en distintos periodos como representante y senador bajo el mismo sistema. Ambos construyeron su trayectoria política dentro de esa estructura electoral, participaron, compitieron y obtuvieron resultados favorables bajo sus procedimientos. En el 2022, la coalición y ahora partido político Pactó Histórico participó del proceso eleccionario, obteniendo una cantidad importante de votos que les permitió ostentar escaños en el Congreso de la República, su participación no fue cualquiera: acreditaron casi quinientos mil testigos electorales, legitimaron el proceso electoral colombiano, por eso hoy resulta tan curioso ver cómo desvirtúan el andamiaje institucional de la organización electoral, como si su misión dura instalar una narrativa de fraude para asegurar la elección por las buenas o por las malas, como ellos mejor lo saben hacer: en la calle, con protestas y con violencia.
Sin embargo, el discurso reciente ha cambiado. Desde el Ejecutivo y desde sectores del Pacto Histórico se han formulado señalamientos sobre presuntas fallas estructurales del sistema electoral. El senador y hoy candidato presidencial, Iván Cepeda ha calificado dichas fallas como “protuberantes”, mientras el presidente Petro ha advertido sobre eventuales riesgos de fraude y cuestionado la integridad de ciertos componentes técnicos del proceso. Hasta el momento, no se han presentado ante las autoridades electorales pruebas técnicas concluyentes que acrediten una alteración sistémica del modelo electoral colombiano.
Es legítimo impulsar reformas. Todo sistema democrático es perfectible. Auditorías independientes, mejoras en trazabilidad digital, fortalecimiento de controles en escrutinios y mayor transparencia en transmisión de datos son discusiones técnicas válidas y necesarias. Pero existe una diferencia sustancial entre promover ajustes institucionales con base en evidencia y sembrar sospechas generalizadas sin respaldo probatorio verificable.
Cuando líderes que han sido beneficiarios del sistema sostienen que este presenta fallas “protuberantes” o que podría estar comprometido, el mensaje implícito es delicado: que la legitimidad del modelo depende del resultado. Ese precedente es peligroso. La confianza ciudadana en la organización electoral constituye uno de los pilares más frágiles del Estado de derecho. Socavarla sin pruebas suficientes no fortalece la democracia; la debilita.
Colombia ha atravesado episodios recientes de alta polarización y tensión social. En ese contexto, el liderazgo político exige prudencia institucional. Cuestionar las reglas requiere rigor técnico, evidencia objetiva y canales formales. De lo contrario, el debate se traslada del plano jurídico al plano narrativo, donde la percepción termina sustituyendo el análisis.
La democracia no puede ser válida cuando me favorece e inválida cuando me contradice. Si las reglas son legítimas cuando se gana, también deben serlo cuando se pierde. Lo contrario implica convertir el sistema electoral en una herramienta utilitaria: útil en la victoria, sospechoso en la derrota.
Una democracia sólida no es la que evita la competencia, sino la que respeta las reglas incluso cuando el resultado no coincide con sus expectativas. Cuando los líderes desacreditan las reglas que los llevaron al poder, la discusión ya no es técnica. Es política. Y el costo institucional puede ser alto.
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