En Colombia, el vínculo entre la política y la delincuencia, o peor aún la criminalidad, es muy estrecho. Con pocas excepciones, los políticos en el país, desde el edil de una ciudad intermedia, el concejal de un municipio pequeño, el diputado de un departamento alejado, los congresistas, el alcalde, el gobernador y hasta el presidente, saben que tienen que interactuar con los delincuentes, incluso para rechazar cualquier tipo de relación. Con el riesgo que implica adoptar esa posición.
En Medellín ha generado absoluto rechazo el evento masivo realizado por la Presidencia de la República en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra. Ahí, Gustavo Petro (@petrogustavo), sin vergüenza, se paró a hablar de la “paz total” junto a políticos, delincuentes y criminales. Políticos como Armando Benedetti (@AABenedetti), Isabel Zuleta (@ISAZULETA), Alejandro Toro (@AlejoToroAnt); imputados por delitos como Daniel Quintero (@QuinteroCalle) y otros que también lo estuvieron como León Fredy Muñoz (@LeonFredyM); y criminales presos en la cárcel de Itagüí por homicidio, secuestro, extorsión, etc., como alias: Douglas, Tom, Carlos Pesebre, El Indio, El Tigre o Ramón Chaqueta, El Saya, Albert, Juan 23 y Vallejo. Este último, con algo de razón al señalar la incapacidad gubernamental, dijo: “el diálogo, a pesar de sus avances, atraviesa por un difícil momento. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar esas transformaciones, ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementales para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado señor presidente”.
Pero la parte más delicada de la intervención de este capo de la Oficina de Envigado, fue cuando refiriéndose al proceso de diálogo de la paz urbana en el Valle de Aburrá, dijo: “su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del Alcalde de Medellín y de su entorno en el Concejo de la ciudad. A ellos y otros grupos de poder no les interesa que la salida a las violencias sea dialogada y civilizada”.
Esto es inaceptable. El Presidente de Colombia se paró en el centro de la administración pública de la segunda ciudad más importante del país, frente al Palacio de Justicia, la Gobernación y la Asamblea de Antioquia y dando la espalda a la Alcaldía y al Concejo de Medellín, junto a criminales que deberían estar en ese momento en la cárcel, a hablar mal del Alcalde y de los concejales. Los acusaron de sabotear el diálogo del gobierno nacional con las estructuras criminales de la ciudad y, además, de no querer una salida dialogada y civilizada a las violencias que aquejan al Valle de Aburrá. Esto es una afrenta a la institucionalidad antioqueña.
“La Alpujarra no es un escenario simbólicamente neutro. Es el corazón del Estado en la ciudad. Es donde se toman las decisiones públicas. Llevar allí a actores ilegales que ejercen violencia es, en sí mismo, un acto que desdibuja los límites entre el Estado y el crimen” escribió en X Santiago Tobón (@SantiagoTobon), el director del Centro de estudios e incidencia en asuntos públicos (@CValorPublico) de la Universidad Eafit (@EAFIT).
En mis columnas he sido crítico de Fico (@FicoGutierrez), de su Alcaldía y del Concejo, pero también he reconocido sus aciertos. Ahora, esto es otra cosa, es una amenaza a las instituciones de Antioquia. Con razón dijo Fico: “Petro nos pone la lápida. Está en Medellín para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos, con los jefes de las estructuras criminales para amenazarnos”.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-felipe-suescun/
