Desde mediados de los años noventa, Colombia apostó por un discurso moderno: empoderar a los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana. Se habló de liderazgo territorial, de planes integrales, de articulación interinstitucional. Pero en la práctica —incluso en municipios con relativa capacidad administrativa— estos principios han sido más retóricos que operativos. Gobernar la seguridad desde lo local sigue siendo una promesa aplazada.
La respuesta está lejos de ser unívoca, pero se han identificado algunas causas recurrentes. La primera tiene que ver con el diseño institucional. En Colombia, la fuerza pública está centralizada. Aunque los alcaldes son los primeros responsables del orden público en su jurisdicción, carecen de control operativo sobre la Policía Nacional. Las decisiones clave sobre despliegue, estrategia y sanción disciplinaria se toman desde Bogotá. Esto debilita cualquier intento local de construir una política de seguridad coherente y contextualizada.
A esa limitación se suma una realidad que conocemos bien: la débil capacidad administrativa de muchos gobiernos locales. No es solo un problema de recursos. Es, sobre todo, un déficit de equipos técnicos, de continuidad institucional, de instrumentos de planificación y evaluación. Muchos municipios aún operan sin diagnósticos confiables, sin sistemas de información funcionales y sin una estrategia sostenida en el tiempo.
Aun cuando estas barreras fueran superadas, persistiría un obstáculo mayor: la fragmentación del aparato estatal. Seguridad, justicia, salud, educación, bienestar social… cada sector avanza con su propia lógica, sus metas y sus presupuestos. Rara vez se piensa la seguridad de forma transversal. Esto impide articular intervenciones integrales frente a problemas tan complejos como la violencia intrafamiliar, el reclutamiento de menores o la expansión de las economías ilegales.
Pero quizás la dificultad más estructural —y más incómoda— es la que viene del entorno mismo. En muchas zonas del país, el Estado no es el único actor que regula la vida cotidiana. Grupos armados, redes criminales o poderes económicos informales ocupan vacíos históricos. Imponen normas, controlan el territorio, resuelven conflictos. No se trata solo de presencia armada: es una forma de gobernanza paralela que restringe la acción estatal o directamente la captura.
En ese contexto, se entiende por qué muchos gobiernos locales no asumen el liderazgo en seguridad como una prioridad estratégica. Los costos políticos son altos. Los resultados son inciertos. Y las presiones para mantenerse en la zona de confort —dejar el problema al nivel central, ejecutar programas con bajo impacto, administrar la coyuntura— resultan más atractivas que entrar en conflicto con poderes fácticos o enfrentar expectativas ciudadanas sin herramientas suficientes.
El libro Políticas públicas de seguridad y convivencia: la travesía hacia la seguridad humana, escrito por investigadores de la Universidad EAFIT y publicado recientemente, ofrece una lectura que no solo diagnostica el problema, sino que propone rutas viables. Plantea recuperar los márgenes de acción que sí existen en el ámbito local: articular actores, fortalecer capacidades administrativas, adoptar un enfoque de seguridad humana, movilizar participación comunitaria y garantizar continuidad de las intervenciones. Gobernar la seguridad desde lo local exige más que apagar incendios. Supone construir políticas sostenidas, no solo respuestas al problema del día. Requiere visión política, capacidad técnica y voluntad para disputar el sentido del orden en territorios donde hoy predominan otras formas de autoridad. Pero es justamente ahí —en la escala donde el Estado se vuelve tangible o se desvanece— donde se juega buena parte del futuro democrático del país. Apostarle a lo local no es renunciar al Estado: es reconstruirlo desde sus cimientos.
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