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Alejandro Cortés

De constituciones, constituyentes y democracia

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En un reciente intercambio en Twitter, los influyentes politólogos y periodistas colombianos Fernando Posada y Sebastián Nohra criticaron duramente el actual proceso constituyente que está teniendo lugar en Chile. Posada se refirió al “desastre de la asamblea constituyente en Chile” para advertirnos a los colombianos (gracias por la advertencia) sobre el “peligro de inmensas proporciones” que representa la posibilidad de “abrir la puerta de una constituyente” en Colombia. Nohra, a su vez, le replicó señalando que los chilenos venían clamando “hace meses” por “acabar la Constitución de «Pinochet»”, lo cual lamentó, pues a su juicio esta “llevó a Chile a ser el país con mejores indicadores económicos y sociales” de América Latina.

No tengo los conocimientos suficientes para dar una opinión informada acerca del proyecto de nueva constitución chilena, pues, aunque la he leído superficialmente, soy consciente de que para hacerme un juicio serio sobre la misma necesitaría no solamente de una lectura integral de su texto, sino comprenderla en su contexto histórico y en perspectiva comparada. Y para ello, al menos por ahora, no cuento con las herramientas requeridas. Sin embargo, quisiera problematizar las contundentes afirmaciones de Posada y Nohra respecto de la coyuntura en Chile, pues me parecen bastante cuestionables, al menos desde un punto de vista genuinamente democrático.

Digo esto debido a que Posada y Nohra parecen asumir que embarcarse en el proceso constituyente fue un craso error del pueblo chileno, que al parecer no sabía lo que verdaderamente le convenía: quedarse con la Constitución de 1980, que traía crecimiento y progreso, en lugar de intentar darse una nueva constitución, que solo genera divisiones e inestabilidad. El problema que le veo a esta postura es que es arrogante e intelectualmente elitista. ¿Por qué, me pregunto, dos periodistas que apenas tienen un conocimiento general del contexto constitucional y político de Chile, se sienten legitimados para cuestionar la decisión más importante que puede tomar un pueblo de manera colectiva, como lo es la de darse una nueva constitución?

Tal vez esto se deba en parte a las dinámicas de redes sociales como Twitter, que nos impulsan a opinar constantemente sobre lo divino y lo humano, así no tengamos ni idea de lo que estamos hablando. Pero también puede obedecer, y advierto que esto es pura especulación, a que quienes nos dedicamos a escribir sobre asuntos públicos a veces creemos que, como “expertos” con títulos de universidades prestigiosas, tenemos una opinión sofisticada sobre problemáticas públicas complejas que tiene mayor peso e importancia que la de las personas que no se dedican a estudiar estos temas.

Y claro, no intento restarle importancia a la opinión meditada y bien fundamentada de los expertos, pues los asuntos públicos, incluyendo por supuesto los asuntos constitucionales, son difíciles y requieren de buenas dosis de estudio y reflexión. Pero no deberíamos olvidar un hecho fundamental: en democracia lo público no es monopolio de un grupo de reyes filósofos platónicos que cavilan acerca de qué es lo mejor para todos, sino que, precisamente, pertenece a todos. Jugando con la famosa definición de Abraham Lincoln, la democracia no es solamente el gobierno del pueblo y para el pueblo, sino especialmente el gobierno por el pueblo. Y, en razón de ello, es el pueblo el que debe determinar cómo se gobierna a sí mismo, no los especialistas en asuntos públicos.

Esto no significa, por supuesto, que Posada y Nohra no puedan opinar en contra del proceso constituyente chileno. De hecho, pueden opinar lo que quieran, pues en eso consiste la libertad de opinión. Pero, digo yo, sería bueno que personas con una audiencia tan grande como la que ellos tienen intentaran no dejarse llevar por la arrogancia que les permite opinar en un par de trinos inocuos en contra de un proceso como el que está viviendo Chile. Después de todo, la sociedad chilena apoyó masivamente la idea de recurrir a una convención constitucional para enfrentar la aguda crisis social que estalló en el país en 2019. Ese apoyo masivo claramente no se trasladó a la propuesta de nuevo texto constitucional, pero ese es otro asunto, apenas normal en un proceso tan largo y difícil. El cuestionamiento radical a la decisión fundamental del pueblo chileno de reemplazar la Constitución de 1980 merecería, al menos, un par de textos bien argumentados, y no un par de trinos superficiales, si es que uno se toma en serio la idea de la democracia como una conversación continua e igualitaria, algo que uno esperaría de quienes aspiran a ser líderes de opinión pública, como los periodistas de opinión.

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