No todo se puede decir. Y esa afirmación incomoda a quienes crecimos creyendo que la libertad de expresión era casi sagrada.
Soy liberal. Creo en las libertades individuales, en el libre mercado, en el bienestar colectivo y en el derecho de cada persona a vivir sin miedo. Pero el liberalismo no es relativismo moral. La libertad no es un territorio sin reglas donde todo vale. Su límite está en los derechos humanos. No hay tradición, religión, identidad cultural o convicción individual que esté por encima de ese mínimo común que nos permite convivir.
Y ahí es donde hoy estamos fallando.
Durante años defendimos que todas las voces debían ser escuchadas. Que el debate abierto era la mejor herramienta contra la intolerancia. Que censurar era peor que confrontar. Esa convicción era razonable: las democracias se fortalecen cuando las ideas se enfrentan en público.
El problema es que olvidamos algo esencial: no todas las ideas buscan participar del juego democrático; algunas buscan desmontar sus reglas.
Lo que hoy llamamos discursos “antiderechos” no son simplemente opiniones incómodas o conservadoras. Son posturas que cuestionan derechos ya reconocidos en constituciones y tratados internacionales: la igualdad jurídica de las mujeres, la dignidad de las personas LGBTIQ+, la prohibición de la discriminación racial, la protección de minorías o el consenso científico básico sobre fenómenos como el cambio climático.
Eso no es una diferencia ideológica más. Es una disputa sobre el piso mínimo de la convivencia.
Durante mucho tiempo los liberales optamos por la apertura absoluta. Creímos que responder con argumentos bastaba. En muchos casos guardamos silencio para no parecer intolerantes, moralistas o radicales. Nos dio miedo incomodar. Nos dio miedo poner limités éticos que pudieran ser considerados censura.
Mientras tanto, la conversación pública cambió de tono.
El péndulo se movió. Parte de la sociedad reaccionó frente a lo que percibió como exceso de corrección política o moralización cultural. Las redes sociales amplificaron discursos extremos porque el algoritmo premia la atención, no la calidad. Líderes políticos descubrieron que la provocación moviliza más que la prudencia. Y el resultado es visible: la regresión de derechos dejó de ser marginal y se volvió rentable.
Aquí surge una pregunta incómoda:
¿Quién define el límite?
En una democracia liberal no lo define la sensibilidad individual ni la indignación del momento. Lo define el marco jurídico construido tras siglos de luchas sociales y guerras devastadoras: la arquitectura de derechos humanos que protege a cada persona frente al abuso del poder y frente a la tiranía de la mayoría.
No todo es opinable cuando lo que está en juego es la condición de ciudadano pleno de otro ser humano. No es una simple postura cultural afirmar que una mujer debe someterse al hombre, que una persona merece menos derechos por su orientación sexual o que la discriminación puede justificarse en nombre de la tradición. Es un cuestionamiento directo al principio de igualdad.
La libertad de expresión protege a las personas frente al Estado. No obliga a la sociedad a legitimar discursos que buscan erosionar los fundamentos mismos de esa libertad. Una democracia madura debate con firmeza, pero también traza límites cuando lo que se intenta desmontar no es una política pública sino la dignidad humana.
Defender ese límite no es censura moral. Es coherencia liberal.
En la vida privada cada quien puede sostener las creencias que desee. Pero en la vida pública existe un acuerdo mínimo que permite que esa diversidad conviva sin que unos queden subordinados a otros. Ese mínimo no es ideológico: es jurídico y ético.
Si algo exige este momento no es menos libertad, sino más claridad. Claridad para distinguir entre desacuerdo legítimo y regresión de derechos. Claridad para debatir sin ingenuidad. Claridad para recordar que la neutralidad frente a la deshumanización no es apertura: es abandono.
La libertad no muere solo cuando se censura. También se erosiona cuando dejamos de defender su límite.
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