Luego de las elecciones parlamentarias, que pusieron en riesgo algo que no habíamos discutido en Colombia como es la legitimidad de las autoridades electorales por su incapacidad de certificar con confiabilidad de todos el resultado final de las elecciones, quedó algo claro: el país resultó igual o más polarizado que en las elecciones presidenciales anteriores. A las dificultades que nos dejó la pandemia del COVID 19 en materia social y económica, le debemos sumar que no fuimos capaces de escuchar algunas de las reivindicaciones legítimas que se gritaron en las calles en la movilización social del 2019 y el 2021, que quedó finalmente opacada por las escenas de violencia de lado y lado. Y ahora, el resultado que nos queda del aumento de la polarización, y el riesgo que ella supone no solo para las presidenciales sino para el escenario postelectoral.
Estamos a pocas semanas de la elección presidencial en primera vuelta, y ya empieza a escucharse dos argumentos en las conversaciones cotidianas. El primero es, con fundamento en las encuestas recientes, que la elección en segunda vuelta tendrá un resultado más cerrado que en las elecciones presidenciales de 2018 entre la izquierda y la derecha. El segundo, toda vez que el resultado dejará conforme solo a medio país, es que el otro medio saldrá sin espera alguna a expresar su inconformidad a las calles y a hacer imposible la gobernabilidad del nuevo presidente.
El primero parece inevitable pero, aunque no ideal, es democrático y no está lejos de lo que ya viene ocurriendo en otros lugares del continente como Perú, Chile o recientemente Costa Rica. El segundo en cambio, requiere abrir un diálogo nacional urgente, que tiene que empezar por las conversaciones en casa y en el trabajo con aquellas personas con las que no pensamos igual y que así lo vamos a expresar en el voto los próximos días 29 de mayo y 19 de junio. Si bien el derecho constitucional a la manifestación pública y a la reunión son de carácter fundamental y no admiten limitación alguna, también es cierto que existen otros mecanismos para ejercer el control democrático sobre el nuevo gobierno y las instituciones que representa. La respuesta de los representantes de la izquierda o de la derecha que resulten derrotados en las urnas no puede ser convocar de forma desorganizada y mucho menos violenta a la sociedad civil para dificultar la gobernabilidad del nuevo presidente y su equipo de trabajo, sino justamente a fortalecer la participación a través de los mecanismos de control previstos en la constitución y la ley, a recuperar las vías democráticas y ponerlas a disposición de una conversación nacional a la altura de los retos que tenemos como país.
Los resultados del ejercicio de diálogo social nacional “Tenemos que hablar Colombia” ya discutidos en este medio, dan pistas valiosas cuando afirman que estamos más tristes que enojados, como un indicador de la posibilidad de seguir construyendo si entendemos la tristeza como una respuesta que no excluye la disposición para seguir contribuyendo al mejoramiento de la situación del país. El estado de ánimo de los colombianos no hace imposible esta conversación urgente, pero no podemos dejar el tema exclusivamente a tomadores de decisión en el mundo de lo público. ¿Cómo debemos preparar el escenario nacional, local y hasta familiar y personal posterior a las elecciones? Es responsabilidad de todos, no solo de quienes resulten ganadores o perdedores en las urnas. Ese país gobernado por el nuevo presidente, seguirá siendo el país de todos.