Los que hemos trabajado en el sector público colombiano o por lo menos ejecutado recurso público, sabemos muy bien lo que significa el frenesí de terminar un año.
Desde septiembre el ambiente en las entidades públicas cambia, y el estado de planeación, de análisis de lo que se hace, de consciencia frente a lo que se ejecuta, cambia radicalmente. El escenario se torna más hostil de lo habitual, los seguimientos a la ejecución presupuestal se intensifican, los comités de contratación se convierten en permanentes y la presión por la ejecución del 100% del presupuesto asignado comienza a asfixiar a todos los servidores.
Diciembre es ya la cúspide de un estado absoluto de locura. Cientos de contratos se firman todos los días, más rápidos y ágiles los procesos que antes, más altos sus montos y sin duda más laxos sus requisitos; miles de millones de pesos se saldan como ejecutados con la sola suscripción de montones de actas de inicio, sin un control, sin una debida planeación, sin los tiempos y las condiciones de antes, todo como si el 31 de diciembre fuera el plazo máximo para la resolución de todos los problemas sociales, pues el 1 de enero los problemas serían otros y por lo tanto otras sus maneras de solucionarlos.
El legislador en su mal llamada sabiduría, estableció el principio de anualidad del presupuesto como uno de los rectores de la administración pública. Con este buscaba dar un cierto orden a los ingresos y gastos y sin duda basó sus premisas en una fe y confianza absoluta en la capacidad de planeación de los gobernantes, pues en tan solo 365 días tendrían que adelantar procesos de contratación que tardan hasta 3 meses, etapas de ejecución, seguimiento y evaluación y por supuesto dejar cerrados proyectos que se supone saldarían necesidades sociales. Insisto, todo en un máximo de 365 días, de los cuales no todos son hábiles y hay que descontar además periodos de vigencia de la Ley de garantías electorales y por supuesto, la disponibilidad efectiva del presupuesto, porque ¿de qué sirve adelantar todo un proceso de contratación en febrero si el presupuesto solo se puede usar en julio?
Se confió mucho el legislador en las capacidades de planeación de los gobernantes.
Y entonces cada 1 de enero comienza una carrera contra reloj donde lo importante no es tanto el ejecutar bien, sino el ejecutar. Si el proyecto solucionó un problema, pues démonos por bien servidos, sino, bueno, no es tan grave, finalmente la efectividad de la acción pública se mide en escenarios técnicos y políticos por la capacidad de ejecutar un presupuesto, entendiendo siempre ejecutar como simplemente contratar, firmar, comprometer un recurso… ¿y los resultados de la ejecución? Esos pasan a un segundo plano.
En un país como Colombia, donde el recurso escasea y las necesidades pululan, no se celebra la eficiencia en el gasto, el ahorro, ¡al contario! ¡si sobra plata es porque no fue capaz de ejecutar! Y esto se convierte en diciembre en el sin sentido de gastar por gastar, de llegar a ese anhelado 100% de ejecución, así los contratos se firmen el 31 de diciembre a las 10 de la noche.
Este afán absurdo por cerrar el año viene acompañado del fantasma del “castigo del presupuesto”, expresión común para los que venimos del medio y que no significa más que si usted pidió 10 pesos y sólo se gastó 8, el próximo año no se atreva a pedir más de 8. Y ese fantasma persigue día y noche a los dignatarios, porque cuando triunfar significa gastar, pues el que menos tenga para gastar será sin duda el más fracasado.
Y así se van cerrando los años, con procesos a medio hacer por las carreras de terminar, con acciones fragmentadas que no logran los impactos esperados, con dinero mal gastado en necesidades no reales, con contratos suscritos con el que no cumple los requisitos, pero eso si, con el presupuesto 100% ejecutado.
El 31 de diciembre, funcionarios y funcionarias al borde de un colapso físico y mental celebran sus éxitos. Lo lograron, firmaron todos los contratos, se gastaron toda la plata… ya el año entrante mirarán si realmente ese gasto cambió alguna vida.
