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Hace un año Daniel Quintero anunció en una rueda de prensa que había conseguido un nuevo constructor para destrabar a Nuevo Naranjal, el proyecto público de renovación urbana del barrio aledaño a la estación Suramericana. Sin embargo “CAN 21”, el nuevo constructor, jamás tuvo liquidez y la obra sigue paralizada; peor aún, la única intervención que hizo esta empresa acabó con la impermeabilización de unas oficinas y el Tribunal Administrativo de Medellín resultó inundado.
La idea urbanística de Nuevo Naranjal es perfecta, un plan parcial pensado desde 1999 que busca densificar las zonas planas y con más infraestructura de la ciudad, haciendo una mezcla de vivienda, oficinas, comercio y estratos. El plan empezó a materializarse durante la Alcaldía de Aníbal Gaviria, la EDU contrató a la constructora CASS, pero luego de caer en el escándalo de Odebretch, esta dejó tirada la primera etapa del proyecto con todo a medio hacer.
Pero resulta que el nuevo constructor con el que contrató Quintero está aún más emproblemado que el anterior, pues hace parte de este consorcio JLX Proyectos, una firma que tuvo graves incumplimientos en la construcción de la planta de aguas residuales en Palmira y que está sancionada para tener contratos con el Estado durante 5 años. ¿Por qué la EDU ha ignorado este fallo judicial? Mientras se despeja la sombra que dejan las actuaciones de Daniel Quintero, el plan de renovación urbana sigue congelado. La ciudad está estancada y los propietarios de apartamentos, locales y oficinas perjudicados por el propio Estado. Ojalá encontrar una solución para el proyecto sea una prioridad para el próximo Alcalde.
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