El camino al infierno está labrado de buenas intenciones

Desde hace unas semanas, el debate sobre la reforma pensional ha generado discusiones y conversaciones acaloradas entre distintos actores de la dinámica social. Muchos han considerado errónea la política pensional del gobierno de Petro, mientras que otros, de manera menos crítica, han identificado puntos a favor en medio de las diferencias políticas e ideológicas.

Como parte de mi compromiso como ciudadana de este país, joven y con interés en conocer el impacto a largo plazo de la reforma pensional, estudié e identifiqué los puntos más importantes de la misma.

Entre algunos puntos que vale la pena destacar, encontré que el gobierno propuso un umbral de cotización en Colpensiones de hasta 3 salarios mínimos, que el Senado redujo a 2.3 salarios mínimos. Es importante señalar que todos los colombianos que ganen hasta este monto deberán cotizar obligatoriamente en esta entidad.

La modificación anterior permitiría que Colpensiones pase de recaudar 15 a 38 billones de pesos anualmente. Además, como segundo punto importante, se propone que sea el Banco de la República, debido a su trayectoria y confianza, el responsable de administrar el excedente de ese dinero, luego de pagar las pensiones, a través de un fondo llamado «Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo».

La reforma estructura el sistema en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual, alineándose con modelos internacionales. Mantiene el régimen actual vigente para hombres con 900 semanas cotizadas y mujeres con 750, y permanece sin cambios en el porcentaje de contribución del 16% (12% por parte del empleador y 4% por parte del trabajador). Además, mantiene la posibilidad de heredar las pensiones a través de las llamadas «pensiones de sobrevivencia», que benefician a cerca de 464 mil personas hoy en día.

Esto es relevante dado el actual sistema de pensiones del país, donde solo 1 de cada 4 colombianos logra alcanzar una pensión, la cual depende directamente del régimen al que pertenezca, obteniendo una pensión vitalicia y con un promedio del salario de los últimos 10 años de trabajo cotizados para el régimen público (Colpensiones), y lo ahorrado durante sus años laborales y el salario cotizado si pertenece al régimen privado.

Actualmente, ambos sistemas compiten entre sí, lo cual, lejos de beneficiar al país, ha generado un déficit creciente en las finanzas del Estado. Esto se debe a que la brecha entre el recaudo de pensiones y el total de pensiones a pagar es subsidiada con impuestos, convirtiéndose en uno de los gastos más grandes del Estado actualmente, principalmente debido a lo atractivo que resulta el régimen público para la población.

Con la reforma pensional propuesta, este sistema de competencia pareciera desaparecer, dado que sería un mismo proceso con diferente destino de aportes según los ingresos de las personas formales que cotizan en pensión. Sin embargo, el principal punto de preocupación entre los analistas se encuentra en la pérdida de independencia que tendrían los colombianos al cotizar con la propuesta actual. Además, el 90% de las personas actualmente empleadas formalmente (cerca del 50% de la población) cuentan con salarios menores a 2.3 salarios mínimos, lo que aún genera presión sobre el sistema pensional público, que no considera los cambios poblacionales de los próximos años para garantizar que los futuros jóvenes con sus aportes logren pagar las pensiones de esta población.

Esta crítica es preocupante y, según los analistas, implicaría en los próximos años una nueva reforma pensional para revisar la brecha en el pago de pensiones debido al cambio poblacional, donde se espera una población más anciana con menos hijos y pocos jóvenes aportando para pagar sus pensiones.

Además, el papel del Banco de la República genera muchas dudas debido a la distorsión de su rol principal y único como entidad encargada de salvaguardar el poder adquisitivo de los colombianos. Esto podría ponerse en riesgo por conflictos de interés y una posible mayor dependencia del gobierno, dado que sería el administrador de una parte de los ahorros de pensiones. Esto podría afectar las decisiones de política monetaria para aumentar o bajar tasas de interés, lo que podría afectar la rentabilidad de los recursos de pensión.

La reforma plantea numerosas interrogantes sobre su impacto económico y la evaluación de las propuestas en el contexto de la política pública. Esto despierta preocupación debido a la presencia de puntos ambiguos que podrían ocasionar problemas graves en la población a largo plazo. Las principales inquietudes giran en torno a si este cambio en la protección a la vejez es el mecanismo más adecuado y si realmente beneficia al mayor porcentaje de la población o solo a ciertos sectores sociales, además de cómo afectaría la reforma a los sistemas actuales del país. Esto nos lleva a reflexionar sobre la viabilidad de las decisiones que se están tomando actualmente. ¿Estamos realmente trazando un camino hacia un futuro mejor? Esto me recuerda lo que alguien me dijo esta semana: «El camino al infierno está labrado de buenas intenciones», resaltando que no es suficiente tener buenas intenciones para lograr un cambio significativo, sino que se requieren decisiones conscientes y sensatas que minimicen la posibilidad de error.

Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/carolina-arrieta/