El transfuguismo político es un fenómeno que socava los cimientos de la democracia y mina la confianza de los ciudadanos en sus representantes. En Colombia, este problema ha cobrado relevancia debido a la necesidad del Congreso para avanzar con el proyecto de ley que busca regular esta práctica durante la reciente legislatura. El interés y preocupación de los congresistas en este frente no solo es decepcionante, sino que pone en riesgo la estabilidad del sistema político y la legitimidad de sus instituciones.

La política colombiana atraviesa unos retos de gran envergadura: no solo tenemos que padecer la proliferación de partidos políticos, sino la ausencia de disciplina partidista por parte de los políticos y la necesidad de estos de migrar de partido en partido, conforme mutan sus intereses y buscando beneficios personales, sin importarles pasar por encima de la voluntad de sus electores.

En lo que va de el cuatrenio presidencial de Gustavo Petro se ha intentado modificar las dinámicas políticas, buscando incluir en la legislación colombiana el transfuguismo político. La primera que se intentó fue en la reforma política planteada por el Gobierno al Congreso, proyecto de Ley que resultó ser muy traumático para la coalición de gobierno, pues fue una de sus primeras derrotas, al tener que ser retirada de la corporación en el marco de una escena pintoresca, protagonizada por Roy Barreras, quien rompió con sus manos el texto de la reforma mientras le pedía al Gobierno que retirara ese texto. La segunda fue a través del proyecto de ley 394 del 2024, quese presentó en febrero del 2024 ante la Cámara de Representates, acompañado de la firma de un sinnúmero de Representantes.

Con este acto legislativo se pretendía la modificación del artículo 107 de la Constitución Política, en el sentido de agregar un parágrafo transitorio en el que se permitiría a los electos en cuerpos colegiados, por una sola vez, renunciar al partido que los avaló sin renunciar a la curul y sin incurrir en doble militancia y, a su vez, poder presentarse a las elecciones siguientes por un partido distinto.

El mencionado proyecto no tuvo el impulso suficiente y, por tratarse de un acto legislativo, debía agotar un tramite especial; es decir, era necesario que surtiera ocho debates para convertirse en ley, de los cuales solo pudo tener uno; y adicionalmente, tenía que ser aprobado antes de que terminara la legislatura, que culmina el próximo 20 de junio. Todo lo anterior, sin mencionar la falta de ética por parte de los congresistas al pretender legislar en causa propia, promoviendo la aprobación de un asunto que a quienes beneficiaba era a ellos mismos.

El transfuguismo, entendido como el cambio de lealtad partidaria por parte de los políticos electos, es un acto que tiene profundas implicaciones. En teoría, los representantes son elegidos para defender los intereses de sus electores y adherirse a los principios y plataformas del partido que representan. Sin embargo, cuando estos políticos cambian de partido por conveniencia personal, ambiciones de poder o beneficios económicos, traicionan la confianza depositada en ellos y distorsionan el mandato democrático.

La práctica del transfuguismo debilita la cohesión y la disciplina de los partidos políticos, fragmentando el panorama político y dificultando la gobernabilidad. Además, fomenta el oportunismo y el clientelismo, alejando aún más a los ciudadanos de la política y aumentando el cinismo y la desafección electoral. En un país donde la desconfianza en las instituciones ya es considerable, permitir que el transfuguismo prospere sin restricciones es un golpe devastador a la credibilidad del sistema democrático.

Por último, el transfuguismo político es una amenaza grave y tangible para la democracia colombiana. La preocupación del Congreso en regular esta práctica es un reflejo de la crisis de representación que atraviesa el país. Para reconstruir la confianza en el sistema político y asegurar una gobernabilidad efectiva, es imprescindible que se avance con celeridad en la aprobación de leyes que definan aspectos no regulados de nuestros sistema político y que, en cualquier caso, esten encaminadas a condenar y sancionar de manera vehemente la doble militancia y la ausencia de disciplina partidista. Los ciudadanos colombianos merecen un sistema político transparente y coherente, donde sus representantes actúen con integridad y responsabilidad. En buena hora, y así fuera por el mero tramite legislativo, Colombia se salvó de un atentado a su democracia, pues como ya se dijo, afrontamos desafios difíciles en cuanto a nuestro sistema democrático, y el mencionado proyecto de ley, lejos de fortalecerlo, lo seguía debilitando.

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