El Estado colombiano no es soberano en todo su territorio nacional. Esta semana, el presidente Petro anunció que la conmemoración del Día de la Batalla de Boyacá, el próximo 7 de agosto, se realizará en Leticia, Amazonas, tras advertir que el gobierno de Perú estaría ocupando un territorio que pertenece a Colombia.
Más allá del gesto simbólico y la reacción diplomática, este es posible uno de los menores males del país, desde la pregunta inevitable de: ¿cuántos territorios que legalmente son de Colombia han perdido soberanía durante este gobierno?
El conflicto armado en Colombia nunca ha sido solo ideológico. El control de zonas estratégicas para la minería ilegal, la producción de cultivos ilícitos, el paso de rutas de narcotráfico, o simplemente por su valor militar, ha sido una constante. El territorio se disputa por lo que representa: poder, recursos y rutas.
Colombia es un país rico, sí, pero esa riqueza ha sido históricamente mal defendida. No sorprende que sea un país codiciado por grupos armados, pero también lo es por intereses legales e ilegales que encuentran más incentivos en el vacío institucional que en el Estado de derecho. Y así como fuimos colonizados por oro, hoy lo somos por cocaína, coltán y rutas invisibles al radar estatal.
¿Cuánta de la pérdida de soberanía en los últimos años pudo haberse evitado? Colombia invierte cerca de USD 10 000 millones al año en defensa, lo que representa el 2,87 % del PIB (2023) y el 8,31 % del gasto público total. En términos históricos, incluso es menos de lo que se invertía en plena ofensiva militar de los 2000. Aun así, el presupuesto del gobierno actual es uno de los más altos como porcentaje del PIB en décadas, aunque con un recaudo tributario débil. La pregunta es clara: ¿a dónde se está yendo la plata?
Según un informe de Reuters publicado en julio de 2025, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo controlan actualmente casi 400 de los 1.100 municipios del país, es decir, un 36 % del total municipal. Además, el número de miembros activos en estos grupos aumentó un 45 % desde el inicio del actual gobierno.
Los datos duros acompañan esa realidad: los secuestros han aumentado un 79 % y las extorsiones un 96 % desde 2022. Los asesinatos y amenazas a líderes sociales también repuntaron, con departamentos como Chocó y Arauca donde la violencia se ha disparado más de 600 % en algunos casos.
Pero más allá de las vidas perdidas, la violencia nos cuesta. Según Fedesarrollo y el BID, en 2022 el crimen y la violencia le costaron al país el 3,64 % del PIB, más de 68 billones de pesos. Es un hueco fiscal silencioso, un impuesto que pagamos todos los ciudadanos, no al Estado, sino a la ausencia del Estado.
Colombia está perdiendo mucho. No solo plata. Perdemos territorio, legitimidad, confianza, inversión y sociedad. No hay reforma tributaria, ni Plan Nacional de Desarrollo que logre compensar esa sangría. Porque ningún país sobrevive invirtiendo más en contener su descomposición que en construir su futuro.
Casos como el de Uribe mueve sentimientos encontrados. No solo por lo que representa la justicia frente a un expresidente, sino por lo que revive: el miedo y en algunos casos el añoro a una época en la que la seguridad se impuso a cualquier costo (sin decir que apoyo los medios). Sin embargo, hoy también vivimos un tipo de inseguridad y como en aquella época seguimos confiando en el primero que nos ofrezca una estrategia.
En el aniversario de la batalla que nos dio independencia, la pregunta ya no es retórica: ¿cómo recuperamos la soberanía cuando el Estado ha sido reemplazado por economías armadas, y la ciudadanía se siente más sola que nunca?
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