Parece que cada semana el país estrena una causa, un tema nuevo para tomar partido, para indignarnos o defender. Hoy, esa conversación gira alrededor de los hipopótamos.
Las redes se vieron inundadas con la palabra “eutanasia”, pero quedarse ahí es reducir un problema estructural a un titular conveniente, pues Colombia no llegó a este punto por accidente. Detrás de todo esto hay una historia que el país no ha terminado de procesar y que no conoce del todo. Parece que fue ayer cuando Colombia se convirtió en el patio de juegos de los narcotraficantes, donde era posible importar especies exóticas como si se tratara de trofeos personales. Ese episodio no se quedó en el pasado, sigue vigente en sus efectos, en sus símbolos y en las decisiones que hoy nos vemos obligados a tomar.
Durante años se discutieron alternativas, se ensayaron caminos y se postergaron decisiones; mientras tanto, la población de hipopótamos siguió creciendo en un ecosistema que nunca estuvo pensado para sostenerla y que, naturalmente, no puede mantener. La narcocultura no solo se expresa en series o en discursos, también aparece en estas formas más sutiles de normalizar lo que nunca debió ocurrir, en romantizar escenarios que fueron producto de la violencia, en convertirlos en atractivo, tour, souvenir, en narrativa llamativa y en turismo.
Porque sí, alrededor de los hipopótamos se ha construido una economía. Un turismo, en su mayoría informal, que ha permitido a varias comunidades encontrar ingresos donde antes no los había. Eso también es real y negarlo sería tan simplista como negar el impacto ambiental, pero reconocerlo no significa que el problema deba perpetuarse y no actuar por el beneficio de esas comunidades. No se trata de sacrificar la empleabilidad, sino de entender que el desarrollo no puede sostenerse sobre una situación insostenible.
Mientras tanto, el impacto sigue acumulándose. Ecosistemas transformados, cuerpos de agua alterados y especies nativas enfrentando presiones que no deberían tener. A eso se suma la realidad de comunidades que conviven con estos animales en su día a día: en carreteras, en zonas cercanas a viviendas, incluso en entornos escolares, donde su presencia ya no es anecdótica. Qué difícil es darse cuenta de que los colombianos sabemos más de la historia de un “capo” y no de las especies endémicas de su territorio.
En medio de este escenario, el Gobierno anunció un plan de intervención con recursos significativos, construido sobre años de discusión técnica y que contempla diferentes medidas para controlar la población. Sin embargo, el debate público se concentró en una sola palabra, amplificada por el ruido y el amarillismo. La discusión escaló incluso al plano judicial. Una tutela admitida por un juez en Medellín cuestiona las medidas adoptadas y pide suspender cualquier acción de sacrificio, apelando a la protección de los animales como seres sintientes y a la necesidad de privilegiar alternativas no letales. Es un argumento legítimo dentro de un Estado de derecho. Pero también obliga a poner sobre la mesa todas las variables del problema: el tiempo, el problema genético y, sobre todo, la amenaza ambiental.
Hace pocos días, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió el trabajo de los equipos profesionales que han respaldado estas decisiones, y vale la pena mencionarlo porque cuando el debate se convierte en una confrontación de opiniones, se corre el riesgo de deslegitimar el conocimiento experto y apoderarse de agendas.
No se puede convertir este tema en una competencia de quién es más ambientalista o más animalista desde la comodidad de la casa, menos aún en un momento político donde cada semana parece necesitar una bandera nueva. Defender causas sin comprenderlas a fondo no solo empobrece el debate, también lo vuelve irresponsable, y en este caso la responsabilidad pesa. Pesa sobre el Estado que permitió que esto ocurriera. Pesa sobre años de decisiones aplazadas. Y pesa sobre una sociedad que todavía no termina de romper con la narrativa que convierte en atractivo lo que fue profundamente doloroso para el país, un proceso incluso revictimizante, porque insistir en esa romantización es seguir construyendo relato sobre un pasado que dejó miles de víctimas, mientras sus consecuencias se transforman en espectáculo.
Hoy, el país no está eligiendo entre una opción cómoda y otra incómoda. Está enfrentando el resultado de no haber querido elegir durante demasiado tiempo. La ciencia no es un debate moral y menos una agenda ambiental de instrumentalización.
