En mi columna de la semana pasada me referí a las características que a, mi juicio, debía tener el próximo alcalde de Bogotá. De fondo, creo que el problema más grave y estructural de Bogotá tienen que ver con la desconfianza y el pesimismo. Lo he mencionado varias veces y lo seguiré haciendo. Por eso, dije hace ocho días, prefiero a un buen político y no a un “gerente”. Ojalá el próximo alcalde (muy especialmente el próximo alcalde) entienda ese reto, porque el contexto al que se va a enfrentar requiere, más que de gerencia, de un liderazgo sólido.

Sí, a Claudia López le tocó una pandemia, pero al próximo gobierno le tocará una ciudad completamente en construcción, con la malla vial deteriorada, con una congestión mucho más grave, con unas finanzas públicas mucho más afectadas, una nueva organización político-administrativa pendiente, y un POT reglamentado de manera dudosa y a merced de los intereses de los volteadores de tierras institucionalizados en la Región Metropolitana.

Gobernar bien una ciudad como Bogotá es prácticamente imposible y el próximo gobierno sí que lo experimentará. A continuación, describo el escenario que encontrará el próximo alcalde en materia de seguridad y movilidad, tal vez dos de los reclamos más sentidos de la ciudadanía y sugiero algunas líneas de trabajo.

A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y de los frecuentes éxitos operativos del trabajo conjunto con la Fiscalía y la Policía Metropolitana, el problema de la inseguridad en Bogotá sigue estando entre las prioridades de la ciudadanía. Aunque los resultados de la encuesta de percepción de seguridad y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, publicados la semana pasada, dan cuenta de una leve mejoría, en general la percepción sigue siendo mala: 77% negativa.

Sin duda, el hurto a personas, en el espacio público sigue siendo el delito que más impacta en la inseguridad, especialmente el relacionado con teléfonos celulares, que sigue siendo el objeto más hurtado. Por eso, el próximo alcalde debería concentrarse especialmente en golpear de manera integral al mercado ilegal de teléfonos celulares. Es un problema serio al que no se le ha prestado suficiente atención. Recuerdo cuando el actual presidente, hace ya unos diez años, siendo alcalde de Bogotá, recomendó a la ciudadanía no sacar el celular en la calle.

Uno de los principales puntos débiles de la gestión de la seguridad en Bogotá tiene que ver con la administración de justicia. La alcaldesa tiene razón cuando señala que la impunidad es el problema más grave en este sentido, pero se equivoca al salir a los medios de comunicación a atacar a los jueces y sugerir que éstos piensan que el delito es un deporte. Los fallos en la justicia van más allá y, lamentablemente, la alcaldesa no ha planteado un esquema de trabajo serio con la rama. Bogotá debería explorar convenios para el fortalecimiento de la rama judicial, especialmente en lo relacionado con la descongestión, el acceso, entre otros.

Y claro, uno quisiera que todos los ladrones fueran a parar a la cárcel, el asunto es que esto no resuelve el problema de fondo, por dos razones: primero, porque una vez cumplen con su condena, muchos de ellos lamentablemente reinciden en el delito debido a que nuestras cárceles resocializan muy poco; segundo, porque a pesar de esas capturas, el mercado ilegal sigue funcionando ya que a las estructuras criminales les queda muy fácil reemplazar a los pequeños delincuentes, jóvenes la mayoría de ellos.

Por eso una política centrada en capturas, como hasta ahora, sirve para la foto, pero para que tenga impacto debe complementarse con una estrategia de fondo para interrumpir las carreras delictivas, ocupando el tiempo libre de los más vulnerables, ejerciendo una mayor presencia institucional en el territorio, atacando a los verdaderos poderes detrás del crimen transnacional y resocializando a las personas pospenadas.

El próximo alcalde tendrá que gobernar una ciudad en construcción. Tal vez pueda entregar la troncal Av. 68, y la Av. Ciudad de Cali, pero dudo que algo más que eso. La primera línea de metro, independientemente de si el gobierno nacional, socio mayoritario del proyecto, logra cambiarlo para hacerlo subterráneo, estará en construcción durante todo el gobierno; me preocupa que esta idea de modificar el proyecto ponga en riesgo el contrato ya adjudicado. Dudo mucho que se pueda hacer el cambio sin incurrir en sobrecostos o en mayores retrasos. A estas alturas ya no importa quién tenga la razón, sino que no terminemos una vez más enredando el proyecto por la bandita incapacidad de ponernos de acuerdo.

La segunda línea, que ya cuenta con convenio de cofinanciación, podría quedar licitada, por lo que al próximo gobierno le corresponderían obras preparatorias como el traslado anticipado de redes, entre otras. A este paso no me extrañaría que se termine entregando la segunda línea antes que la primera. Eso sí, le corresponde a la próxima alcaldía, desde el primer día, gestionar el proyecto de la tercera línea en un contexto mucho más difícil al que se enfrentaron quienes gestionaron las primeras dos, debido a que, por distintas razones que he explicado en este mismo espacio, Claudia López entrega a Bogotá en el límite de su capacidad de endeudamiento ¿Cómo lograrlo?

Muy seguramente también estará en obra la Carrera 7ma, si es que la Alcaldía logra tener listo algún proyecto para su licitación. Ojalá, porque tres años después de haber echado para atrás, en extrañas circunstancia, la licitación del proyecto propuesto por Peñalosa, tirando a la basura los estudios y diseños para volver a contratar unos nuevos en lugar de haber ajustado los existentes, hoy no hay nada y el corredor sigue infartado.

En ese caso, el principal reto del próximo alcalde será el plan de manejo de tráfico para que la ejecución de las obras de la primera línea (Av. Caracas) y la carrera 7ma, estén sincronizadas. Sin contar con que, al mismo tiempo, la troncal de la Calle 13, una de las principales entradas de transporte de carga a la ciudad estará en construcción (¡por fin!) y se supone que también los estarán las obras de la inserción del Regiotram de la Gobernación de Cundinamarca, en el trazado paralelo a la Calle 13.

Por todo lo anterior, insisto, Bogotá necesita un nuevo tipo de liderazgo. Volver a elegir un modelo pendenciero y arrogante como el que han seguido los últimos tres alcaldes sería echarle más leña al fuego. ¿Lo tendrán claro los candidatos? ¿Estarán preparados?