Hay dos maneras de contar la historia de la niñez en Colombia esta semana, y ninguna de ellas miente. Una la cuenta un índice internacional que reconoce las políticas del país contra la violencia sexual infantil. La otra la cuenta la Defensoría del Pueblo, que advierte que el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales sigue en aumento en varias regiones. Ambas hablan de los mismos niños, pero parecen describir países distintos.
El reconocimiento no es menor: Colombia se destaca, entre otras cosas, por exigir a su personal de salud formación especializada en violencia sexual infantil, algo que pocos países de la región hacen. Pero vale la pena precisar qué mide realmente el índice, elaborado por Economist Impact junto con Together for Girls: no la magnitud de la violencia que sufren los menores, sino si el país cuenta con las leyes, las políticas y los servicios mínimos para enfrentarla. Es una medida de lo que un Estado construyó sobre el papel, no de lo que ocurre en la práctica.
El reclutamiento por parte de grupos criminales se rige por una lógica distinta. La Defensoría advierte que una baja en los casos reportados en un periodo no significa que el fenómeno esté cediendo y que la tendencia de los últimos años ha sido de aumento sostenido, no de mejora. Naciones Unidas ha llegado a una conclusión similar, en la medida en que las estructuras criminales responsables de buena parte de estos casos se expandieron notablemente en el mismo periodo.
Human Rights Watch, que revisó en detalle los datos de la Defensoría de los últimos años, encontró que buena parte de los casos se concentra en el suroccidente del país, particularmente en Cauca, y que la niñez indígena está desproporcionadamente expuesta al reclutamiento, mucho más que lo que correspondería a su peso demográfico en el país.
Esa vulnerabilidad no termina cuando un menor es reclutado: se transforma. El mismo niño captado con promesas de dinero o pertenencia puede terminar, meses después, empuñando un arma contra un civil o cobrando extorsión en su propio barrio. Es víctima y, al mismo tiempo, el instrumento con el que estos grupos ejercen violencia sobre el resto de la sociedad. Tratarlo solo como lo uno o solo como lo otro no es entender el problema en su totalidad.
A los mecanismos tradicionales de reclutamiento se sumó uno nuevo: las redes sociales. Human Rights Watch publicó a finales de agosto un informe que documentó decenas de cuentas y publicaciones en Facebook y TikTok. Glorifican la pertenencia a estos grupos e invitan abiertamente a unirse. Las plataformas respondieron que sus políticas prohíben ese contenido y que ya retiraron los perfiles señalados. Pero el hallazgo confirma algo importante: el reclutamiento ya no depende solo de la presencia armada en un territorio.
El sistema judicial, mientras tanto, enfrenta múltiples desafíos para responder adecuadamente: la inmensa mayoría de las denuncias por reclutamiento no llega siquiera a una investigación formal, y las condenas son excepcionales. Como resumió la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado.
Un índice puede medir las leyes, los protocolos y los programas de capacitación que un Estado logró escribir. Lo que ningún índice mide es si un niño en Cauca puede hoy caminar a la escuela sin que un grupo criminal decida por él. Esa es la pregunta que debería importarnos más que cualquier otra en una tabla internacional.
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