A un día de su posesión, Abelardo de la Espriella ya tiene fecha para su primera decisión de seguridad: el sábado 8 de agosto entrarán en marcha los Bloques de Seguridad Urbana, la estrategia con la que promete enfrentar el hurto, la extorsión y las estructuras que operan desde las cárceles en las principales ciudades del país. El decreto se firmará el mismo 7 de agosto, día de la posesión. Serán, según el general (r) Jorge Mora, designado ministro de Defensa, “unidades mixtas” de policías y fiscales de las Unidades de Reacción Inmediata, desplegadas primero en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con la intención declarada de convertirlas en política nacional.
El diagnóstico detrás del anuncio es acertado. Coordinar a alcaldes, Policía y Fiscalía en torno a los delitos que más afectan la vida cotidiana –hurto, extorsión, mando desde las cárceles– es exactamente el tipo de articulación que la seguridad urbana colombiana ha necesitado durante años, y que rara vez se traduce en una estructura concreta con nombre y fecha de arranque. Que el nuevo gobierno lo convierta en su primera decisión, antes incluso de completar el primer mes, es una señal de prioridad correcta. La siguiente pregunta no es si vale la pena intentarlo. Es qué hace falta resolver para que el intento no se quede en el anuncio.
Ahí aparecen al menos cinco desafíos.
El primero es la definición. Ni el plan de gobierno de campaña ni los anuncios posteriores han precisado la naturaleza jurídica del Bloque, su línea de mando ni su relación con la Policía y la Fiscalía ya existentes. Se crea por decreto, una decisión unilateral del Ejecutivo que, sin un marco normativo claro de sus funciones y competencias, queda expuesta a cuestionamientos jurídicos sobre su validez. No es un defecto insalvable, pero sí una tarea pendiente antes de que la estructura crezca.
El segundo es no tratar como un solo fenómeno lo que son cinco dinámicas distintas. En Cali y Bucaramanga la violencia es más atomizada, con múltiples actores locales disputando rentas barriales; Bogotá y Medellín, en cambio, muestran una dinámica más contenida. Medellín, además, convive con una estructura más centralizada –La Oficina– y con espacios de diálogo sociojurídico en curso con las principales bandas del Valle de Aburrá. El propio modelo, que convoca a cada alcaldía a definir sus operativos, ya reconoce esa diferencia; el reto es que la ejecución no la borre y termine imponiendo un mismo libreto donde las dinámicas piden libretos distintos.
El tercero es la ambigüedad respecto del papel de los civiles. De la Espriella ha insistido desde campaña en incorporar a veteranos y reservistas a una “Primera Línea de Seguridad”, aunque el ministro de Defensa designado sostiene que, por ahora, el Bloque no contempla su participación. Zanjar esa ambigüedad pronto –con una definición pública y explícita– evitaría que la duda se convierta en desgaste innecesario para una estrategia que, en lo demás, se sostiene sobre Policía y Fiscalía.
El cuarto es el presupuesto. Ningún anuncio ha precisado la fuente de financiación, los equipos técnicos ni el cronograma de implementación; la propia cobertura periodística describe la iniciativa como una estrategia “en fase de planeación política”. Un Bloque que arranca el sábado necesita, en las semanas siguientes, una partida presupuestal explícita que lo distinga de un simple reordenamiento de los recursos policiales ya existentes.
El quinto es la capacidad del sistema judicial para sostener lo que el Bloque producirá. Sumar fiscales de las URI aporta capacidad en el momento de la captura e imputación iniciales. El cuello de botella está después: una Fiscalía y una Rama Judicial ya congestionadas, con procesos que pueden tardar años en llegar a sentencia. Más capturas sin ese refuerzo corren el riesgo de convertirse en más expedientes represados, no en más condenas.
El sábado, si salen los primeros operativos, el país va a ver algo que llevaba tiempo pidiendo: una acción coordinada y visible contra los delitos que más le pesan. Ese es un punto de partida importante. Lo que viene después –la definición jurídica, el ajuste a cada ciudad, la claridad sobre los civiles, el presupuesto, el respaldo judicial– es lo que convierte un buen arranque en una política que dure más que el primer semestre.
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