El domingo, Juana marchó en la marcha del Pride. Por unas horas pudo caminar de la mano de su pareja sin tener que mirar a los lados antes de hacerlo. Se tomó fotos, sonrió, cantó y sintió, aunque fuera solo por un rato, lo mismo que miles de personas ese día: la libertad de no tener que explicarse.
Al día siguiente regresó a Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Volvió a dudar de lo que para muchos es automático: cómo vestirse, por dónde caminar, qué publicar, a quién abrazar en público y cuando es más seguro guardar silencio. Porque Juana sabe que, una cosa son los derechos que reconoce la ley y otra muy distinta la tranquilidad de poder vivirlos.
Esta no es solo la historia de Juana. Es la de Miguel, la de Kelly, la de Lucas, la de Valentina, la de Andrés y la de miles de colombianos que sienten que su libertad depende del lugar donde estén, de quién los mire o de quién controle el territorio en el que viven.
Colombia es uno de los países de América Latina con mayores avances en derechos LGBTI. Tiene matrimonio igualitario, adopción por parejas del mismo sexo, cambio de sexo en los documentos de identidad y una jurisprudencia sólida de la Corte Constitucional que la ubica entre las legislaciones más progresistas de la región. En teoría, el debate ya debería estar superado.
Pero la realidad es otra.
Según Colombia Diversa, entre 2006 y 2024 fueron asesinadas al menos 2.250 personas LGBTIQ+ en el país. Solo en 2024 se registraron 164 homicidios, uno cada 55 horas. Las amenazas documentadas subieron de 49 casos en 2016 a 203 en 2023. A eso se suman violencias sexuales, abusos policiales, desplazamientos forzados y muchas otras formas de discriminación, especialmente en territorios marcados por el conflicto armado y el control de grupos ilegales.
Y los homicidios son solo la punta más visible. Más de seis de cada diez estudiantes LGBTI no se sienten seguros en sus colegios. Muchos aprenden desde niños que esconder quiénes son es una forma de sobrevivir. Otras agresiones ni siquiera se denuncian: ocurren en la casa, en el colegio, en el trabajo o en la calle.
Colombia ha cambiado las leyes mucho más rápido de lo que ha cambiado la cultura. Esa cultura se construye en lo cotidiano, en los chistes que ya no nos parecen graves, en los dichos que estamos acostumbrados a escuchar, en el bullying que se minimiza y en el rechazo que se disfraza de humor.
También se construye desde quienes tienen influencia: políticos, líderes de opinión, influenciadores. Sus palabras importan, porque pueden normalizar la exclusión o la humillación.
Las leyes pueden reconocer derechos. Pero ninguna ley puede obligarnos a reconocer la humanidad del otro. Y esa decisión se toma todos los días. En la mesa del comedor. En el salón de clase. En la oficina. En las redes sociales. En las conversaciones que tenemos cuando creemos que nadie nos está escuchando.
Porque los derechos humanos nunca se ponen realmente a prueba en los tribunales. Se ponen a prueba cuando decidimos si la dignidad humana tiene condiciones.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
