A tres días de la segunda vuelta, hay un tema en el que ambos candidatos coinciden. Abelardo de la Espriella incluyó la violencia contra las mujeres en su programa como prioridad de orden público, con rutas judiciales aceleradas en máximo 72 horas, atención psicológica y jurídica permanente, y metas de reducción puntuales. Iván Cepeda lo aborda en un programa organizado en tres revoluciones, con el compromiso de ampliar la respuesta institucional del Estado frente a la violencia contra las mujeres, aunque sin entrar en el detalle operativo. Son enfoques distintos. Pero ambos descansan en una misma idea: que más capacidad para procesar y sancionar se traduce, por sí sola, en menos violencia.
Esa idea confunde dos cosas que no son lo mismo. Registrar un caso no es proteger a una víctima, y abrir un proceso contra un agresor no es disuadir. El sistema penal colombiano hace lo primero con relativa diligencia y falla en lo segundo, y ningún programa de campaña se hace cargo de esa brecha.
El contenido disuasivo de la acción penal no depende de qué tan rápido se abre el expediente, sino de dos condiciones que en Colombia funcionan mal. La primera es la certeza y la celeridad de la sanción. Una imputación que abre un proceso que tardará años en llegar a sentencia, o que muchas veces no llega, no le comunica al agresor un mensaje creíble sobre las consecuencias de su conducta. La severidad nominal de la pena importa menos que la probabilidad real de que llegue y a tiempo. La segunda condición es la protección efectiva de la víctima durante todo el proceso. Una orden de protección que no se hace cumplir, una víctima que regresa al mismo entorno del agresor, una institución que no la acompaña: ahí está la diferencia entre un sistema que disuade y otro que solo deja constancia.
La promesa de rutas judiciales en 72 horas resuelve una parte muy pequeña de ese problema. Acelerar la apertura del trámite no acelera la sentencia, no garantiza una protección sostenida ni resuelve la sobrecarga del aparato judicial y la subdotación de las casas de justicia, las comisarías de familia y los equipos psicosociales que deberían acompañar a la víctima en los meses siguientes. Una meta de reducción puntual tampoco dice nada sobre cómo se alcanza. Y la propuesta de Cepeda, más amplia en su marco, no aterriza el componente operativo: cómo se sostiene la protección, cómo se acorta el camino a la sentencia.
La pregunta que ninguno de los dos programas responde es la que se impone. Si la imputación abre un proceso que rara vez termina en una sanción cierta y no protege a la víctima mientras avanza, ¿qué tendría que cambiar para disuadirla? La respuesta no es retórica ni ideológica: es operativa. Tiempos procesales más cortos, medidas de protección con cumplimiento verificado, articulación entre Fiscalía, comisarías y autoridades locales, atención psicosocial que no se agote en la primera cita. Nada de eso aparece con suficiente concreción en lo que el país discute hoy.
Quien gane el 21 de junio recibirá un sistema que registra mucho, sanciona poco y protege menos de lo necesario. Que el tema esté en los programas es un avance; que se reduzca a procesos más rápidos no lo es. La violencia contra las mujeres no se resuelve con más trámite, sino cuando el sistema protege a la víctima desde la denuncia y mucho después de que el trámite termine. Esa es la conversación que falta.
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