La polarización de nuestros tiempos ha desfigurado la base central de muchas líneas de pensamiento político, resultando en la enemistad de numerosas ideologías o, incluso, generando la paradoja de que las identidades políticas adopten elementos de partes opuestas, y la sociedad en su conjunto no ha definido del todo en qué creen o que es lo que defienden.
En medio de una rapaz batalla entre corrientes de “liberalismo radical” o “conservadurismo proteccionista”, entre muchos casos, la gente ha llegado a pensar -y los mismos militantes de ese pensamiento también- que la ideología de izquierda es la contracorriente al paradigma económico global de la “acumulación y concentración”, que ha erosionado, en esencia, la moral misma de la civilización en los últimos tiempos. Es la misma suerte de revolución que pretende la “justicia” por medio de la redistribución que posibilite la “igualdad” -y vagamente equidad- para frenar el acaparamiento de los recursos en estelas sociales “opresoras” que gozan de un mayor privilegio frente a los demás. Muchas partes de la sociedad -y una buena porción de los medios de comunicación- consideran que en ello consiste el progresismo moderno.
En teoría, se ha pensado al progresismo moderno como aquella línea de pensamiento y acción política que se ampara en la reforma social, los asuntos de género, la identidad racial, las relaciones de poder, la representación diversa, la inclusión y la armonía social. Su objetivo es la justicia, implicando la transformación institucional o, en su peor escenario, la revolución misma. Por otro lado, el tan demonizado capitalismo se basa en la posesión y control de la propiedad privada según intereses individuales, siguiendo una lógica de lucro que, bajo una noción de individualismo, presupone el bienestar colectivo desde que cada persona por su cuenta busque lo mejor para sí misma. Esto es lo que convencionalmente se cree con respecto al progresismo y el capitalismo. Pero ¿de verdad son tan enemigos como se cree?.
La historia reciente de América Latina ha traído ejemplos bien particulares al respecto. Empezando por Brasil, durante el gobierno de Lula se gestionó un modelo de progresismo social con capitalismo abierto: el Programa de Aceleración del Crecimiento, con inversiones de más de 60 mil millones de reales hasta este año, en el que el Estado ha procurado impulsar la actividad económica de la mano del sector privado, facilitando una relación simbiótica entre la inversión pública y la privada, armonizando el paradigma capitalista con la noción de que “le corresponde al Estado hacerse cargo”. Por otro lado, está el caso Boliviano, donde incluso presidentes de corte más “socialista”, como Evo Morales, navegaron su línea de política en un mundo permeado por el capital privado. En regiones de su país, tales como Santa Cruz, su gobierno no interfirió en las operaciones del capital financiero y las corporaciones agroindustriales, dándole continuidad al modelo agroexportador, en paralelo a un modelo económico social comunitario productivo, que consistía de la exportación de materias primas (gas y minerales) al mercado internacional. Las rentas generadas por estas operaciones -en parte del capital privado- se redistribuyen en aras de una política social. Esto podría llevarnos a pensar dos cosas, el Estado como motor del crecimiento económico en Brasil, y la armonía entre actores privados y actores públicos en Bolivia deja en claro una relación de simbiosis, no contrapartes
Un caso de un vecino más cercano es el de Ecuador: su periodo de Correismo -aunque este se autodenominó como el “Socialismo del Siglo XXI”- consistió de fortalecer al Estado, en paralelo a la perpetuación de dinámicas capitalistas, en consonancia con el paradigma económico de nuestra época. Incluso, algunos analistas señalaron a este gobierno “progresista” de “neo-neoliberal”, dada la convivencia del Estado con el capital privado. Las dinámicas de mercado se respetaron y, en parte, no se erosionó la tenencia de la propiedad privada: un ejemplo de ello fue la duplicación de ventas de los 20 grupos económicos más grandes del país en el periodo entre 2008 y 2015, pasando de USD 13 millones a USD 24 millones. Al mismo tiempo, se mantuvo el modelo extractivista basado en la exportación de petróleo y productos agrícolas, pilares fundamentales para la acumulación de capital que se destinaría posteriormente a la financiación del gasto público. Aquí se demuestra una vez que un gobierno progresista hace uso de los medios rentistas a su disposición para hacer tangibles sus objetivos ideologicos.
Estos ejemplares -que hacen parte de una selección mucho más amplia- nos han llevado a cuestionar qué es lo que verdaderamente se entiende por las necesidades de que sea realizable un “progresismo moderno del siglo 21”. Ahora que en Colombia se ha manifestado una percepción -viniendo desde los mismos progresistas- de la completa redistribución sin consideración por los otros casos de progresismo -sostenido mediante el capitalismo-, que ha facilitado pragmáticamente la obtención de medios económicos para las políticas sociales acorde a sus principios, estamos ante una desfiguración de lo que es recursivo y realista, sobre todo cuando se piensa que la ideología, desde su discurso, es la solución a los problemas. La historia real, en el mundo real, más allá de que una cosa necesite de la otra, es que el progresismo ha seguido -y quizás siga por mucho tiempo- la ruta del capitalismo para consolidar su existencia
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/samuel-sarria/
