En 2022, el Cauca fue uno de los departamentos que más respaldo le dio a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Cuatro años después, los actos terroristas en ese territorio se multiplicaron de manera sostenida durante su gobierno. Miles de personas quedaron confinadas en 2025, sin poder moverse, sin acceso regular a servicios de salud o educación, y bajo el control de grupos armados que seguían operando mientras las mesas de paz permanecían abiertas. La pregunta obvia es por qué, incluso después de ese deterioro, una parte importante de ese electorado podría seguir viendo con más simpatía una opción de continuidad que una promesa de ruptura. La respuesta incómoda es que tiene razones para hacerlo.
El Cauca no votó por Petro en 2022 porque desconocía los riesgos de su propuesta. Votó porque las alternativas anteriores llevaban décadas sin resolver nada sustantivo. La seguridad, entendida como operativos, aspersión, presencia militar intermitente y promesas de orden desde el centro, ya había pasado por esos territorios. Y cuando se fue, los grupos armados seguían ahí: más fuertes, más organizados y más integrados a la economía local. Por eso, una eventual inclinación hacia la continuidad en regiones como el Cauca no puede leerse simplemente como irracionalidad política. También expresa la dificultad de creer en quienes prometen lo contrario sin explicar por qué esta vez sería distinto.
Eso, sin embargo, no absuelve al gobierno que termina. La paz total prometía una alternativa a la seguridad tradicional, pero tampoco la cumplió. Los grupos que se sentaron a negociar no dejaron de reclutar, desplazar, confinar ni extorsionar. En el Cauca, como en otras regiones del país, la política de paz terminó funcionando más como un paréntesis para la consolidación de economías criminales que como una herramienta efectiva para desmantelarlas. El diagnóstico que he planteado en otras columnas se mantiene: sin oferta real, sin métricas, sin condiciones verificables y sin consecuencias claras ante el incumplimiento, no hay proceso de paz capaz de competir con la lógica del crimen organizado.
Lo que queda para el próximo gobierno no es un debate simple entre paz y guerra. Es una pregunta más difícil: ¿cómo construir una oferta de seguridad que el Cauca, el Chocó, el Catatumbo o el Bajo Cauca tengan razones reales para creer? No una promesa de fuerza que ya ha mostrado sus límites. No una mesa de diálogo sin condiciones que también mostró los suyos. Algo distinto, que todavía no existe y que algún candidato debería explicar con claridad.
Esa es la verdadera herencia del gobierno que termina: no los acuerdos firmados ni los procesos abiertos, sino el tamaño de la deuda con los territorios que más apostaron por el cambio y menos lo recibieron.
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