Colombia entra en el último mes de campaña hacia la primera vuelta presidencial con un ambiente económico que muchos describen como alentador. Después de varios años marcados por crisis sucesivas, inflación alta y deterioro en las condiciones de vida de los hogares, el país parece respirar un poco mejor. El discurso oficial insiste en que la economía se está recuperando y que el bienestar de los colombianos ha mejorado. Pero el problema no es que exista un alivio relativo; el problema es la lectura política que se está haciendo de ese momento.
El cortoplacismo ha sido siempre una debilidad del debate público colombiano. Cuando la economía deja de empeorar, se habla de recuperación; cuando el golpe de una crisis se disipa, se construye rápidamente un relato de éxito. Pero una economía no se transforma porque haya pasado el momento más agudo de una tormenta. Muchas veces lo único que ocurre es un rebote natural después de una caída profunda. Confundir ese rebote con progreso estructural no solo es un error analítico; es también una forma peligrosa de construir narrativa política.
Ese espejismo resulta aún más problemático cuando se contrasta con las decisiones económicas que se han tomado durante los últimos años. El gobierno de Gustavo Petro ha gobernado con una combinación de incertidumbre regulatoria, mensajes contradictorios hacia sectores productivos y señales ambiguas sobre el rumbo económico del país. El debate permanente sobre el futuro de la exploración energética, las tensiones constantes con el sector empresarial, la fragilidad de la disciplina fiscal y el ambiente de confrontación política han ido erosionando gradualmente uno de los pilares fundamentales de cualquier economía: la confianza.
Las economías no se sostienen sobre discursos optimistas sino sobre expectativas creíbles de futuro. La inversión depende de reglas claras, estabilidad institucional y previsibilidad en las decisiones de política pública. Cuando un gobierno introduce incertidumbre sobre sectores estratégicos, cuestiona de manera permanente los incentivos de la actividad productiva y genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal, el efecto no siempre se ve de inmediato en las cifras de corto plazo, pero sí aparece inevitablemente en las decisiones de inversión de largo plazo.
Por eso la aparente contradicción del momento actual. Mientras el debate político se concentra en construir el relato de una economía que mejora, las decisiones estructurales que deberían garantizar la sostenibilidad de esa mejoría se han debilitado. Es la lógica de la política cortoplacista: celebrar el alivio inmediato mientras se deterioran silenciosamente las condiciones que permiten sostenerlo.
Esa es la discusión que debería marcar el momento electoral que atraviesa el país. No se trata de negar que hoy exista una percepción de alivio frente a los peores años recientes. Se trata de preguntarse si las decisiones económicas que se están tomando están construyendo un camino de crecimiento sostenible o si, por el contrario, están hipotecando el futuro por la conveniencia política del presente.
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