La gestión catastral es un servicio público y, como cualquier otro, debería garantizar calidad, cobertura y actualización permanente. Sin embargo, en Colombia hay municipios con más de 20 años de atraso catastral, cuando este proceso debería realizarse, como máximo, cada cinco años. Si hay un bien que no se devalúa y que además cambia constantemente en uso, valor y dinámica, es la tierra.
Estudiar ingeniería catastral me ha permitido entender con mayor claridad la importancia del catastro más allá de lo técnico. No se trata solo de mapas, avalúos o bases de datos: es una herramienta fundamental para la planificación del territorio, la equidad fiscal y la toma de decisiones públicas. Un catastro desactualizado no es un problema menor, es una falla estructural del Estado.
Durante décadas se ha acumulado una brecha profunda entre el avalúo catastral definido por los concejos municipales y el avalúo comercial, es decir, el valor real por el que se transan los predios en el mercado. En muchos casos, esta diferencia no solo es amplia, sino abiertamente absurda. Más de la mitad del país no ha contado con actualizaciones oportunas, lo que implica que el sistema tributario territorial está construido sobre cifras desactualizadas.
Tal vez la culpa de este gobierno haya sido atender este conflicto que todos ignoraron en sus gobiernos anteriores durante años, optaron por aplazar el problema y evitar el costo político de actualizar el catastro.
Con todo el caos mediático es válido aclarar que el propósito de la actualización catastral no es aumentar impuestos “porque sí”. Su finalidad es corregir distorsiones y garantizar una tributación más justa. El problema no es pagar más; es pagar de manera inequitativa.
Aun así, el poco avance reciente es innegable. Hasta ahora se ha logrado actualizar cerca del 40 % del área geográfica nacional, cubriendo más de 44 millones de hectáreas. Esto representa un esfuerzo importante en términos de gestión, pero también evidencia la magnitud del rezago: más de la mitad del territorio sigue pendiente.
Los ejemplos son contundentes. En municipios como Saravena, Arauca, existen predios de varias hectáreas con avalúos cercanos a los $1.000. Bajo estas condiciones, el impuesto predial pierde cualquier sentido fiscal. No se trata de un beneficio para el ciudadano, sino de una falla que limita la capacidad de los municipios para invertir y desarrollarse.
Ahora bien, reconocer el rezago no implica justificar cualquier forma de corrección. Aquí aparece un principio fundamental: la progresividad. Las actualizaciones catastrales deben implementarse de manera gradual, técnica y socialmente responsable. No se trata de trasladar de golpe décadas de atraso a los contribuyentes, generando impactos económicos que muchas familias no pueden asumir hoy.
Cuando los ajustes son abruptos, se genera una cadena de responsabilidades difusa: los propietarios culpan a la administración municipal, esta al gestor catastral y, finalmente, el descontento recae sobre el gobierno nacional. En medio de ese cruce de culpas, se pierde de vista lo esencial: el catastro es una herramienta para la justicia fiscal y la planificación territorial.
El reto no es solo actualizar, sino hacerlo bien. Esto implica diseñar esquemas de transición que permitan absorber los incrementos sin generar crisis locales. Colombia necesita un catastro moderno, multipropósito y confiable. El verdadero déficit no es solo técnico, es de voluntad política.
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