Fue noticia la semana pasada, la explicación de James Robinson, nobel de economía, sobre por qué fracasan las políticas públicas en América Latina. En su concepto, cuando una política pública fracasa es reemplazada por otra sin que medie entre ellas una evaluación de por qué no funcionó la primera. Él plantea que es usual que una política fracasada sea reemplazada por otra igual o más ambiciosa que la anterior, donde lo diseñado no se compadece con la realidad y complejidad de los territorios.
El ciclo de las políticas públicas arranca siempre con un diagnóstico. El profesor Robinson dice que en esta parte de la política se ha encontrado con unos muy sofisticados. En el siguiente eslabón que es la planeación, plantea que usualmente son bien intencionados, mientras las normas que los sustentan son ambiciosas. El problema reside en lo que él llama la línea de respuesta, que no es más que en el momento de la implementación cuando algo no sale bien, no hay una acción que busque preguntar el porqué de la falla, como se puede recomponer para mejorar y seguir con la política. En cambio, es usual que, ante la falla, las políticas finalizan y es allí donde aparecen otras que en su mayoría repiten el mismo ciclo.
De estas reflexiones, surgen dos asuntos clave. Una, el adanismo en la política en Colombia. Aunque Robinson expresa que no necesariamente la falla en la línea de respuesta sea por mala fe o intereses ocultos, la verdad es que en Colombia es usual que muchos políticos quieren arrancar de cero una vez inician sus mandatos. Entran a sus cargos con un afán de no continuar con las políticas o programas más significativos de su sucesor y, en cambio, plantean nuevos con su sello personal para que los ciudadanos tengan recordación de su “legado”. Esto es frecuente y tiene un impacto negativo en los procesos de planificación de largo plazo. Usualmente, aunque Colombia tiene un reconocimiento en Latinoamérica por los avances en esta materia, la planeación se queda más en el papel que en la acción.
En el caso de Medellín y la región metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo, nos hemos caracterizado por tener muchos ejercicios de esa naturaleza, no obstante, la mayor debilidad ha sido pasar de la planeación a la implementación. Mucho de lo planeado se queda en el papel porque no hay voluntad política para retomar esos ejercicios y hacer realidad eso que se planea, en lo que concierne a los cuatro años de mandato. También hay debilidad en la apropiación de los grupos de interés para que esos ejercicios lleguen a buen término, sin obviar que también existen intereses opuestos que pueden influenciar su estancamiento.
La segunda reflexión es que la debilidad en la evaluación de las políticas va incluso más allá de desechar una política por qué no funcionó. En general, son escasas las evaluaciones de las políticas. Y gran parte de la explicación es que los hacedores de las políticas las ven como onerosas. El quid aquí es que podemos estar perdiendo cuantiosos recursos, mucho mayores a lo que podría invertirse en evaluación, dado el bajo impacto de algunos de los programas. Y eso no se puede saber sin un tiempo prudente de maduración que, usualmente, va aparejado con la legitimidad de los programas. Si no hay quien los resguarde y los defienda, difícilmente lleguen a cierto grado de maduración.
También hay debilidad en las dependencias encargadas de hacer las evaluaciones. E incluso cuando se realizan, usualmente los resultados no son acogidos por las administraciones, sea porqué se hacen al final de los mandatos y quién llega prioriza otros asuntos antes que detenerse en los resultados de las evaluaciones, o porqué hay un costo político de cerrar programas o de hacer cambios sustanciales. Esto es, el statu quo es más rentable políticamente por la miopía del corto plazo.
En los ejemplos que da Robinson para Colombia es claro que, en muchos casos, las políticas son demasiado ambiciosas en sus pretensiones y no van aparejadas con el aumento de la capacidad del Estado para responder a estos objetivos. Justamente, hace poco discutí con un grupo de personas sobre si el Estado colombiano es grande o no. Pregunta muy compleja de responder sin estudios a profundidad sobre las obligaciones del Estado colombiano derivadas de lo que establece nuestra Constitución. Ante una sociedad tan desigual y con altos niveles de pobreza, es evidente que el Estado está resultando insuficiente para las necesidades, ya sea porque debe crecer más o porque debe ser más eficiente, o incluso ambas cosas; debe crecer y al mismo tiempo buscar mayores eficiencias. No hay consensos alrededor de esto.
Es por esto por lo que con mayor razón las políticas deben evaluarse, principalmente desde el diseño y su implementación, pues no hacerlo conlleva una pérdida grande de recursos que de otra manera podrían lograr resultados tangibles para un mayor número de personas, elevando el nivel de impacto de las políticas en una perspectiva de mediano y largo plazo.
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