En Meridiano de Sangre, Cormac McCarthy cuenta la historia de una banda de asesinos a sueldo que es contratada por el gobierno mexicano para exterminar a los indígenas apaches. La novela retoma la historia del infame John Joel Glanton, un exmilitar de la Guerra entre México y Estados Unidos, célebre por liderar esta labor genocida fuera de la ficción.
El acuerdo entre el gobierno mexicano y los hombres liderados por Glanton era simple: se pagaba cada cuero cabelludo arrancado a un apache. Este era presentado a las autoridades como símbolo del éxito. El conteo de cabelleras indígenas era el trámite burocrático que sortear para obtener el dinero.
Los apaches eran famosos por su capacidad de violencia. Enfrentarlos no era una tarea sencilla, suponía un esfuerzo grande para Glanton y compañía. Rápidamente se encontró una alternativa a esta dificultad. Las autoridades no tenían cómo verificar a quién pertenecía el cuero cabelludo que se ofrecía a cambio de la recompensa. Daba lo mismo si era apache, u otro indígena, o un mexicano. Cabellera es cabellera. Sea apache o no. El escuadrón del extermino amplió su rango de acción. Empezó a rebanar cabezas de todo tipo para presentarlas como apaches.
La semana pasada en una audiencia pública de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Juan Carlos Quiroz, oficial de la Cuarta Brigada del ejército de Colombia, mencionó “la casa estudio”. Los militares colombianos tenían una especie de cultivo de falsos positivos, de supuestos indígenas apaches. En Medellín, engañaban jóvenes prometiéndoles trabajo y los llevaban a un lugar cerca al municipio de Granada. Allá “los motilaban, los vestían, les daban de comer y les enseñaban a disparar”. Esas personas luego eran ejecutadas para presentarse como positivos de combate, en el marco de la política de Seguridad Democrática. El nivel de sistematicidad, de premeditación y de atrocidad es demasiado incluso para la degradación moral de Glanton o la imaginación poética de MacCarthy
La medida de la sangre en Colombia no son los meridianos, si no los litros. El general Mario Montoya los pedía por «carrotancaos», sin importar de donde vinieran, si eran de apaches, guerrilleros, campesinos, jóvenes desempleados, o de Erika Tatiana Castañeda, de 13 años, asesinada por el ejército y presentada como guerrillera del noveno frente de las FARC.
Dice una vieja frase que la vida pone las cosas en su lugar. Y Montoya, uno de los máximos responsables de la infamia, fue confrontado por Gloria López, madre de Erika Tatiana. «Te va a hacer falta vida Montoya y a mí me va a sobrar, para que me compruebes que mi hija es una guerrillera» Le dijo aquella vez.
Está muy lejos ese 2008 en el que las Madres de Soacha denunciaron que sus hijos asesinados no eran guerrilleros, que el ejército de Colombia mentía al presentarlos como muertos en combate. Sin embargo, las voces responsables siguen buscando borrar sus huellas, siguen poniendo en duda la magnitud de la atrocidad que se cometió. Que no son 6402, dicen; que hay que acabar la JEP, gritan.
Durante mucho tiempo se dijo que los falsos positivos eran una invención de ONGs aliadas de las guerrillas. Gracias a cientos de madres buscadoras, de personas defensoras de derechos humanos, de periodistas, de políticos— y también de la JEP y sus audiencias— esa infamia es ahora más difícil de sostener.
Que la memoria de los asesinados, de los que estaban recogiendo café, siga habitando este país deshilachado, para que la sangre nunca más se pida a “carrotancaos”, para que los infames no piensen que pueden reescribir la historia.
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