El derecho al voto femenino en Colombia, que hoy damos por sentado, es el resultado de décadas de lucha y perseverancia. Desde el siglo XIX, las mujeres colombianas comenzamos a levantar nuestra voz en favor de nuestros derechos políticos, las protagonistas de esta gran conquista fueron las osadas y valientes: Josefina Valencia, quien años después fue la primera gobernadora del Cauca y más adelante sería la primera mujer Ministra de Educación y Esmeralda Arboleda, una política liberal, quien fuera la primera mujer en llegar al Congreso de la República como Senadora.

Pero no fue sino hasta 1954 que el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional que nos otorgó a las mujeres el derecho al voto. Este avance se concretó en 1957, cuando como mujeres participamos por primera vez en un plebiscito nacional. Aquel momento histórico marcó un antes y un después en la vida política de nuestro país.

En las elecciones legislativas de 1958, acudieron masivamente a las urnas, las mujeres sufragistas que protagonizaron esta gran conquista y con ellas miles más, ejerciendo por primera vez su derecho al voto en una elección popular. Este hito no solo representó la inclusión de la mitad de la población en la vida democrática, sino que también abrió las puertas a una creciente participación femenina en la política. Sin embargo, la igualdad de género en los espacios de poder ha sido un camino arduo y lleno de obstáculos, es una lucha que no tiene fin.

A pesar de la conquista del voto, la paridad política en Colombia sigue siendo un desafío. Aunque las mujeres representamos casi el 52% de la población, nuestra participación en cargos de elección popular ha sido históricamente limitada. En las elecciones de 2022, solo el 29% del Congreso fue ocupado por mujeres, una cifra que evidencia la necesidad de políticas más efectivas para garantizar la equidad de género en la política.

En 2011, la Ley de Cuotas fue un paso importante hacia la paridad, al establecer que al menos el 30% de los cargos de dirección pública deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, esta legislación ha demostrado ser insuficiente para alcanzar una verdadera igualdad. La subrepresentación femenina en el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales persiste, reflejando una barrera estructural que impide la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, y además ha surtido en la realidad un efecto que no es el deseado por el legislador, y ello tiene que ver con la instrumentalización de nuestro género para la composición de listas a corporaciones públicas, pues es común ver como los partidos políticos en aras de proteger las candidaturas, incluyen la cantidad de mujeres que la ley indica como relleno; es decir, muchas veces esas candidaturas femeninas no son el resultado del querer de la mujer, si no la obligación de la ley, que se materializa en la utilización de la mujer.

En este contexto, el reciente proyecto de ley presentado por el Consejo Nacional Electoral ante el Congreso constituye un avance significativo. Esta iniciativa busca establecer la paridad total en las listas de candidatos a cargos de elección popular, garantizando que hombres y mujeres tengamos una representación igualitaria. La propuesta contempla que las listas para el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales estén conformadas por el 50% de mujeres y el 50% de hombres, un cambio radical que podría transformar el panorama político colombiano, y que es un paso importantísimo para acercarnos a la paridad real y efectiva.

Este proyecto de ley es un reconocimiento de que la paridad no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad democrática. Las mujeres aportamos perspectivas y soluciones valiosas que enriquecen el debate público y la toma de decisiones. Garantizar su representación en igualdad de condiciones no solo fortalece nuestra democracia, sino que también impulsa el desarrollo social y económico del país.

Si bien el proyecto de ley del Consejo Nacional Electoral es un paso en la dirección correcta, su aprobación y aplicación efectiva dependerán del compromiso de los legisladores y de la sociedad en su conjunto. No podemos permitir que esta oportunidad histórica se diluya en el mar de la burocracia o se quede en meras intenciones. Es hora de que Colombia asuma el desafío de la paridad política con seriedad y decisión. El voto femenino, que en su momento fue una conquista monumental, debe evolucionar hacia una participación plena y equitativa en todos los niveles de la vida pública.

La democracia colombiana solo será verdaderamente inclusiva cuando las mujeres podamos ocupar nuestro lugar legítimo en la construcción del futuro del país.

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