No les voy a decir por quién votar. A estas alturas, ambos bandos han dedicado más tiempo a convencer al país de que esta es una elección entre el bien y el mal que a reconocer los riesgos de sus propios proyectos. Pero la realidad es menos épica y más incómoda: esta segunda vuelta no enfrenta una solución contra un problema, sino dos visiones distintas del poder, ambas con fortalezas y peligros evidentes. La verdadera decisión que tendrán que tomar los colombianos no es quién tiene la razón absoluta, sino cuáles riesgos están dispuestos a asumir durante los próximos cuatro años.
Por un lado, si gana Cepeda, Colombia probablemente tendrá una continuidad e incluso una profundización del proyecto político que ha encabezado Gustavo Petro. Eso significa que la llamada Paz Total seguirá siendo el eje de la política de seguridad, a pesar de que los resultados obtenidos son críticos para el país. Mientras el Gobierno ha insistido en la negociación como herramienta principal para reducir la violencia, diversos grupos armados han fortalecido su presencia territorial, ampliado sus economías ilegales y aumentado su capacidad de control sobre comunidades enteras. El riesgo es que la búsqueda de la paz termine convirtiéndose en una política incapaz de contener a quienes continúan utilizando las armas para ejercer poder.
En salud, Cepeda profundizaría una política que muchos colombianos ya asocian con el deterioro progresivo del sistema. La crisis de acceso a medicamentos, las largas esperas para recibir tratamientos, la creciente presión financiera sobre hospitales y clínicas y la incertidumbre de millones de usuarios no son advertencias sobre un problema futuro: son una realidad presente. El riesgo es que el gobierno siga desmontando piezas fundamentales del modelo actual sin contar todavía con una alternativa probada que garantice mejores niveles de atención, acceso y sostenibilidad.
En materia económica, la principal inquietud no es la existencia de un Estado más activo, sino la persistente tensión entre el discurso gubernamental y los sectores productivos. Colombia necesita crecimiento económico para financiar cualquier programa social ambicioso, pero también requiere condiciones que permitan atraer inversión y generar confianza. Cuando la relación entre el Gobierno y quienes producen riqueza se convierte en una confrontación permanente, el resultado suele traducirse en menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades de empleo.
A ello se suma una preocupación institucional relacionada con la independencia del Banco de la República. Durante los últimos años, Petro y distintos sectores del Pacto Histórico han cuestionado decisiones de la entidad, alimentando el temor de que se debilite el consenso que durante décadas ha protegido su autonomía. El debate es legítimo; lo preocupante es que el Banco Central termine subordinado a las necesidades políticas del gobierno de turno, poniendo en riesgo una de las principales garantías de estabilidad económica del país.
Sin embargo, el riesgo más importante de un eventual gobierno Cepeda probablemente sea institucional. Durante estos años, el gobierno Petro ha insistido en la idea de una Asamblea Constituyente cada vez que sus reformas han encontrado resistencia en el Congreso o en las cortes, alimentando la percepción de que cuando los contrapesos democráticos limitan al poder, la respuesta es intentar cambiar las reglas del juego. Si esa lógica se profundiza, Colombia podría entrar en una peligrosa dinámica donde las instituciones dejan de ser garantías para convertirse en obstáculos que deben ser removidos en nombre de las ambiciones de un proyecto político.
Ahora, si gana Abelardo, los riesgos serán distintos, pero no necesariamente menores. Su propuesta política se construye alrededor de una promesa de orden, autoridad y ruptura con el proyecto que actualmente gobierna el país. Esa oferta puede resultar atractiva para una ciudadanía cansada de la inseguridad, la incertidumbre económica y la polarización. Sin embargo, la historia colombiana y latinoamericana demuestra que los proyectos que elevan el orden a la categoría de valor supremo suelen enfrentar dificultades para equilibrarlo con la protección de las libertades individuales.
Es probable que la seguridad vuelva a convertirse en la prioridad absoluta del Estado. El problema es que Colombia ya conoce los riesgos de las estrategias que consideran que la eficacia justifica cualquier método. Cuando los gobiernos concentran toda su atención en la lucha contra la criminalidad, existe la posibilidad de que los abusos de autoridad, las restricciones a las libertades civiles o las vulneraciones de derechos humanos sean relativizados en nombre de un objetivo superior. La seguridad es indispensable para una democracia, pero también puede convertirse en una excusa para deteriorarla.
En el terreno económico, Abelardo ha defendido una reducción significativa del tamaño del Estado y de la burocracia. Aunque esta propuesta responde a una demanda legítima de eficiencia institucional, su aplicación acelerada podría generar efectos complejos. En muchas regiones del país el Estado sigue siendo uno de los principales motores de empleo formal y de actividad económica. Una reducción drástica del aparato estatal podría traducirse en despidos masivos, debilitamiento de capacidades públicas y mayores dificultades para territorios que dependen en gran medida de la presencia institucional.
También existen interrogantes sobre el manejo de los debates sociales y culturales. Su visión conservadora contrasta con transformaciones que se han consolidado durante décadas en materia de libertades individuales, reconocimiento de minorías y ampliación de derechos. Más allá de las posiciones particulares que cada ciudadano tenga sobre estos temas, es posible que el país vuelva a experimentar una fuerte confrontación política alrededor de asuntos que parecían parcialmente resueltos. En una sociedad ya profundamente polarizada, ese escenario podría aumentar aún más las tensiones sociales.
Las preocupaciones ambientales también recaen sobre la candidatura de Abelardo. Su defensa de una mayor explotación de recursos naturales, sumada a la presencia de sectores de su proyecto político que minimizan o niegan los efectos del cambio climático, ha generado inquietud entre quienes temen retrocesos en la protección de ecosistemas estratégicos. Declaraciones como la necesidad de “hacer fracking a lo que dé” han reforzado la percepción de que un eventual gobierno suyo estaría dispuesto a sacrificar consideraciones ambientales en favor del crecimiento económico y la producción energética.
Al igual que ocurre con Cepeda, la principal preocupación de fondo con De La Espriella es institucional. Su discurso suele presentar a quienes defienden el proyecto político actual no como simples adversarios democráticos, sino como enemigos que deben ser derrotados. Esa lógica puede fortalecer la polarización y dificultar la construcción de acuerdos básicos para gobernar. Cuando un líder político divide el país entre quienes están con él y quienes están contra él, la democracia comienza a deteriorarse incluso antes de que cambien las leyes.
Por eso desconfío de quienes presentan esta segunda vuelta como una batalla entre los buenos y los malos. Lo que realmente enfrentamos son dos proyectos políticos con promesas ambiciosas y riesgos evidentes. Uno apuesta por profundizar un modelo que ha dejado dudas crecientes sobre su capacidad para garantizar seguridad, estabilidad institucional y funcionamiento de servicios esenciales. El otro promete corregir ese rumbo, pero con una visión del poder que también despierta preocupaciones sobre libertades, polarización y protección de bienes públicos fundamentales.
La decisión, en consecuencia, no es quién tiene menos defectos. Porque gane quien gane, Colombia no saldrá de esta elección sin asumir costos. La pregunta decisiva para los votantes será ¿cuáles riesgos estamos dispuestos a enfrentar durante los próximos cuatro años? Después de responder esa pregunta, vote por quien se le dé la gana.
