A veces se nos olvida que para alentar la participación política debemos volver a conversar sobre lo básico. Damos por sentado que las personas conocen y entienden el funcionamiento de las instituciones públicas en Colombia, y que su participación en la democracia a través del voto es informada y consciente.

Nada más lejano de la realidad y no hay que ir muy lejos para comprobarlo. Basta con poner el tema de conversación en un círculo cercano de amigos o de familia, para encontrar a dos o tres personas desinformadas que no conocen las competencias de las corporaciones que se conforman a través del voto popular, o que no pueden explicar las reglas para marcar un tarjetón con las múltiples opciones que ofrece, y eso tiene consecuencias directas en los resultados electorales. Lo ocurrido en la pasada elección de los Consejos Municipales de la Juventud puede ser un síntoma de ello. A las dos hipótesis que Santiago Silva planteaba en este medio hace un par de días para justificar la participación de alrededor del 10% de los jóvenes convocados a elegir esas corporaciones, yo sumo una tercera: nos olvidamos de educar para la participación democrática.

Se volvió inapropiado conversar sobre la democracia al interior de las familias o de las empresas cuando se calificó de incorrecto hablar de política. Nuestra incapacidad para el debate y la deliberación, que nos impide reconocer en la opinión del otro una opción democrática y válida para justificar una decisión al momento de participar, nos fue alejando de la escucha y comprensión de las ideas de los candidatos, de sus propuestas y planes de gobierno, y nos distanció incluso de la posibilidad de conversar sobre cómo participar en términos de procedimiento, o las implicaciones jurídicas y políticas que tiene hacerlo activamente o abstenerse de votar.   

El voto es el principal mecanismo de participación política y democrática en Colombia. En una democracia participativa como la nuestra, donde la representación es la regla general, participar con el voto tiene una relevancia especial. Por ello hay que volver a hablar sobre la participación, hay que conocer las reglas formales, hay que conversar sobre las propuestas de los candidatos a las corporaciones o a los cargos de elección popular. Hay que discutir de nuevo en las empresas, con los amigos y en las familias, hay que consultar los programas de gobierno con los que se inscriben los candidatos a la presidencia, y conocer la conformación de los listados al Senado y a la Cámara de Representantes que registró cada partido o movimiento de interés. Y para entender la importancia de las elecciones del 2022, hay que volver a consultar las competencias de unos y otros para saber qué estamos confiando en esos candidatos a los que finalmente decidamos votar en marzo, mayo y junio.

Si ese reto ya resulta complejo para las elecciones del nivel nacional, en el caso de ciudades como Medellín donde se avanza en posibles procesos para revocar el mandato de alcaldes, la conversación es todavía más urgente. En la ciudad, la conversación sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales estará mediada por la eventual llamado a votar positiva o negativamente la posibilidad de revocar el mandato del Alcalde, otro mecanismo de participación democrática, en este caso directa, que tiene unas implicaciones importantes para el futuro de la ciudad. Los partidos y movimientos que registraron listados para Senado y Cámara de Representantes, seguro tomarán posición en el mecanismo revocatorio, y seguramente si no se convoca a esa decisión para que los ciudadanos votemos por esa posibilidad antes de marzo, el asunto local va a permear con fuerza las campañas presidenciales en Medellín. Ese será un escenario nuevo para todos, pues no ha ocurrido desde que en 1991 se creó el mecanismo de participación democrática directa para revocar a los mandatarios locales en Colombia.

Si en el país hace falta volver a hablar sobre la democracia, en Medellín resulta urgente.