El fin de semana la coyuntura política estuvo marcada por la polémica alrededor de un evento de la revista Semana en Medellín, el próximo miércoles 28 de agosto, con el pretexto de ser realizado por “Foros Semana”, aunque el nombre ni el logo aparecen en la imagen que compartió Vicky Dávila en X, aunque sí aparecen los de entidades públicas o que manejan recursos públicos como la Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Comfama. La polémica no es nueva, viene desde hace algunos meses, en los que desde la opinión pública se ha cuestionado la campaña electoral que está haciendo la directora, desde la revista.

Mateo Castaño cuestionaba en X a quienes criticamos que Vicky Dávila se lance a una candidatura presidencial: “Es colombiana, mayor de edad, no está inhabilitada y está usando los medios privados a disposición (a diferencia de tantos que usan recursos públicos para hacer campaña)”. Tiene, en parte, razón: cumple los requisitos para hacerlo, no tiene ningún impedimento. Sin embargo, la crítica no es hacia su aspiración, la cual es, en parte, legítima; es hacia el uso o abuso que ella está haciendo de un medio de comunicación, la revista más leída del país, como plataforma para hacer campaña electoral.

Recordemos que en las sociedades modernas existe una organización alrededor del estado de derecho liberal, desde hace más de dos siglos, el cual separa el poder en tres estamentos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con el fin de evitar, precisamente, el abuso del poder. Y a los medios de comunicación, si bien no hacen parte de la estructura estatal, desde esa época también se les conoce como el “cuarto poder”, por el papel que desempeñan en la democracia liberal, por el poder que tienen en la vida política de la sociedad. En Colombia, los miembros del poder judicial y ejecutivo no pueden hacer política electoral abiertamente mientras están en sus cargos; mientras los del legislativo, sí pueden hacerlo para reelegirse, apoyar a sus copartidarios en otros cargos o ser candidatos a la presidencia en su último periodo legislativo (Concepto 166531 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública). Ahora, en los dos primeros casos, los miembros de estos poderes deben renunciar con más de un año de anticipación si desean aspirar a la Presidencia de la República, y en el último no pueden aspirar a reelegirse como congresistas y a ser elegidos como presidentes para el mismo período. Sin embargo, las personas que hacen parte del “cuarto poder” no tienen ese tipo de restricciones: pueden hacer política electoral y pueden permanecer en sus cargos en los medios de comunicación antes, durante y después del mismo día de elecciones.

Desde el punto de vista de los derechos civiles, Mateo tiene razón, Vicky es ciudadana, mayor de edad y hace parte de una empresa privada. Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos políticos, que requieren un escenario de libertad y de igualdad, para elegir y ser elegido, lo cual está relacionado, por ejemplo, con la libertad para acceder en igualdad de condiciones a la información pública, o para generarla, creo que es la parte en la que a Mateo no le asiste la razón.

Este escenario, en términos económicos, es lo que el economista Joseph Stiglitz considera un “fallo de mercado”, dado que para él la información es un “bien público”. Cuando un individuo acude al mercado para demandar u ofertar un bien o servicio, debería estar en libertad e igualdad de condiciones que los otros demandantes u oferentes, para que esto contribuya a encontrar el equilibrio del mercado. Si una persona, por su poder (como dirigir una revista, un órgano del “cuarto poder” que produce información), acude al mercado sabiendo más y mejor información que los otros (desigualdad de información), distorsiona el libre ejercicio de la oferta y la demanda. Así, en el mercado electoral (existe el marketing electoral), al cual acuden libremente ciudadanos y candidatos para elegir y ser elegidos por medio del voto, ambos deberían acudir en igualdad de condiciones, para evitar precisamente un desequilibrio en ese mercado, el de las elecciones.

Es por eso que la candidatura de Vicky Dávila es totalmente legítima, desde el punto de vista civil, pero se deslegitima desde la perspectiva política cuando abusa del “cuarto poder” para hacer campaña como candidata a la Presidencia. Con esto, además, está distorsionando y haciendo fallar el mercado electoral y, por tanto, los otros candidatos y candidatas a las próximas elecciones presidenciales acudirán, quizá en libertad, pero eso sí, en desigualdad de condiciones frente a Vicky: ¡Feliz Semana!

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