El envejecimiento de la población será – o al menos debería serlo – el centro del debate público de las próximas décadas. Es una tendencia global de la que Colombia no solo no es la excepción, sino que, con una tasa de fecundidad del 1,1 en 2024, evidencia una caída mucho más rápida que países icónicos de la baja natalidad, como Japón o Corea del Sur.
Ser un país de población adulta implica grandes desafíos, como mayor presión a los sistemas de cuidado y de salud, tener menos personas en edad productiva, la necesidad de construir infraestructura adaptada, y sobre todo, un sistema pensional que le garantice ingresos a buena parte de la población.
Y hacia allá voy, uno de los principales daños que le dejará Gustavo Petro al país es la reforma pensional. Que nos hace depender de un esquema piramidal insostenible, incluso hoy, que ya depende de las transferencias de la Nación para sobrevivir. ¿Cómo será entonces el déficit en un par de décadas? Paradójicamente, mientras los países intentan emigrar hacia regímenes de ahorro, Colombia se desplaza como cangrejo hacia un esquema de reparto. El congreso lo aprobó, y estamos en manos de la Corte Constitucional y la ponencia negativa del magistrado Ibáñez.
Es esquema de reparto, bajo el cual funciona Colpensiones y los demás fondos públicos, opera bajo la premisa de que siempre habrá muchos más trabajadores cotizando que jubilados recibiendo su pensión. Entre los avances de la medicina que derivan en aumento de la esperanza de vida, y la caída de la tasa de natalidad, hicieron trizas ese supuesto. No creo que en el gobierno no lo sepan, pero mi hipótesis es que querían convertir el ahorro privado en plata pública para tapar, por un breve tiempo, el déficit fiscal.
Pero aún si la Corte Constitucional nos salvase, Colpensiones seguiría existiendo. Quien sea el próximo presidente debería plantear, desde ya, el cambio a un modelo pensional de ahorro. Ni siquiera significa que tenga que ser privado, hay ejemplos maravillosos como el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, que ha aprovechado las riquezas petroleras, el ahorro y la inversión, para construir un modelo sostenible. Además, hay otro problema complejo pues, aunque se le achaca al modelo pensional que haya muy pocos pensionados en Colombia, la realidad es que, con cualquier modelo, nada cambiaría si no se reduce la informalidad laboral, que según el DANE ronda la peligrosa cifra del 60 %, ¡una barbaridad! Allí, aumentos elevados del salario mínimo o los costos parafiscales como las cajas de compensación, hacen un coctel venenoso de algo que, aparentemente, es un beneficio social. ¿Tendrá la suficiente fuerza el próximo gobierno, para intentar allí un cambio?
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