Para los colombianos ya es casi un hábito escuchar cada 1,5 años una nueva intención del gobierno de proponer una reforma tributaria. En los últimos cuatro gobiernos se han propuesto, en promedio, cerca de tres reformas por administración. Cada ministro de Hacienda, en su momento, argumentaba que esa reforma sí era “estructural” y que sería la solución definitiva para la desfinanciación del gobierno. Pero esa «solución» siempre ha sido temporal, ya que «unos años» suelen ser muy pocos.

El gobierno de Petro está desfinanciado. No tiene presupuesto aprobado para 2025, y su proyecto de ley de financiamiento, radicado el 11 de septiembre tras el rechazo del Congreso al presupuesto general de la nación, es su último salvavidas para cubrir los 12 billones de pesos que aún no tienen recursos claros.

Para 2024, el presupuesto general de la nación aprobado fue de 502,6 billones de pesos, con prioridad en proyectos de educación, salud y defensa. Sin embargo, de enero a junio, el gobierno solo logró recaudar 126 billones por impuestos, muy por debajo de los 315 billones de pesos proyectados.

¿Por qué tan bajo el recaudo? Si hay tantos impuestos y actividades económicas gravadas, ¿por qué el gobierno no logra recaudar lo suficiente? Una de las principales respuestas es la ineficiencia en el cobro y las políticas laxas contra la evasión. A pesar de las leyes en papel, la evasión en Colombia, según estimaciones de Fedesarrollo, impide el recaudo de cerca de 70 billones de pesos cada año.

El bajo recaudo y la ineficiencia de la DIAN afectan las finanzas del gobierno; sin embargo, seguir cargando a la población con más impuestos en medio de una desaceleración económica y con políticas que desincentivan la creación de empleo, el acceso al mercado y la reactivación económica, parece ser una de las decisiones más cuestionables del gobierno actual.

El proyecto de ley de financiamiento se presentó recientemente, y, afortunadamente, dado que el Congreso no aprobó el presupuesto general de la nación, aún no hay una restricción legal para descartarlo. Pero, ¿qué propone de nuevo el Ministerio de Hacienda en esta propuesta?

Entre las principales propuestas, se destacan nuevas tarifas progresivas de impuestos para las empresas, ajustes en el impuesto al patrimonio ampliando su base, la introducción de impuestos al carbono y a los juegos de azar en línea, la eliminación del Régimen Simple de Tributación (RST), un incremento en los impuestos para personas naturales, y un mayor incentivo para fomentar el uso de la factura electrónica, con el fin de reducir la evasión fiscal.

Este nuevo proyecto de ley intenta resolver la crisis de financiación del gobierno con una mezcla de medidas para aumentar los impuestos, eliminar regímenes ineficaces, y fortalecer el control fiscal. Sin embargo, sin un esfuerzo real para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos y combatir la evasión fiscal, estas reformas pueden terminar siendo soluciones temporales. El reto sigue siendo encontrar un equilibrio entre obtener los fondos necesarios y no frenar el crecimiento económico del país.

La pregunta es si este gobierno podrá realmente resolver este desafío, o si, como en ocasiones anteriores, tendremos una nueva reforma tributaria en año y medio. Dejemos que el futuro sea el que hable, y no la repetición de la historia y los mismos errores que nos persiguen.

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