No dice “bomba”. Dice que vio caer algo. El avión pasó bajo —más bajo de lo habitual— y algo se desprendió. No alcanzó a entender qué era. Alcanzó a correr. Corrió con su familia, dejando atrás la casa, el camino, la mata de plátano donde quedó detenido. No hubo explosión. Solo ese silencio espeso que queda cuando algo ocurre. Después vendría el nombre. Después vendrían las versiones. Pero en ese momento, lo único cierto era esto: algo había caído donde no debía.
Horas más tarde, en la zona rural de Ipiales, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador —un corredor marcado por economías ilegales, presencia de grupos armados y operaciones militares recientes— el artefacto apareció en toda su dimensión. No había destrucción. Solo su presencia: una bomba de gran tamaño, intacta, tendida junto a la tierra, como un cuerpo metálico de casi dos metros, inmóvil y expuesto.
El periodista Federico Ríos la registró con su cámara y alertó a las autoridades. En ese gesto, la escena dejó de ser una sospecha y se convirtió en evidencia. A partir de ahí se activó el protocolo: llegaron los militares, aislaron la zona y desactivaron el artefacto. El riesgo, en términos operativos, desapareció. Pero lo decisivo no estaba en el desenlace, sino en lo que ocurrió antes: ese intervalo en el que la bomba estuvo ahí y la vida dejó de ser segura sin que nada hubiera explotado. Ese punto en que el miedo deja de ser una idea y se vuelve una decisión: salir, rodear, no volver a pasar.
La discusión pública, sin embargo, tomó otro rumbo: el origen del artefacto, las versiones enfrentadas, las explicaciones técnicas. Tras ser mencionado en un consejo de ministros, el hallazgo ingresó al circuito del debate. Y en ese tránsito ocurre algo que el país debería observar con mayor cuidado: mientras el hecho se amplifica, la experiencia se reduce. La pregunta, entonces, se desplaza. No es —ni debería ser— de dónde viene la bomba. Así como no existe un lugar “correcto” para que caiga. Lo que sí existe son espacios donde su presencia resulta inadmisible: un área civil. Una casa. Un camino. Una escuela.
En Colombia, ese hecho inaceptable convive con cifras que deberían estremecer. Según la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), hasta 2026 se han registrado 12.658 víctimas por minas y municiones sin explotar. En distintos periodos, hasta el 40% de las víctimas civiles han sido niños, niñas y adolescentes. No es una excepción. Es un patrón. La niña que vio caer esa bomba está en el centro de la historia. No porque busque el riesgo, sino porque el riesgo aparece donde vive, en el trayecto que tiene que recorrer todos los días.
En medio de esa incertidumbre, la escuela se convierte en el punto de referencia de la comunidad. No obstante, su papel depende de algo tan básico como poder llegar. Cuando el camino se vuelve incierto, la escuela no se suspende; se adapta. Y esa adaptación exige que el Estado acompañe a los maestros en la activación de los protocolos de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) definidos por la (AICMA) y los lineamientos de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar del Ministerio de Educación Nacional.
Estos protocolos establecen que, ante la presencia de artefactos explosivos, la comunidad escolar debe:
- Reconocer y reportar cualquier objeto sospechoso sin manipularlo.
- Activar las rutas oficiales de atención inmediata con autoridades locales, Ejército, Policía y organismos de desminado humanitario.
- Incorporar la ERM en la enseñanza para que niños y niñas aprendan comportamientos seguros y comprendan el territorio como espacio de cuidado.
Lo cierto es que, por el alto riesgo para su seguridad, los maestros y las directivas docentes en las zonas afectadas por el conflicto armado no activan el protocolo, optando por abordar el fenómeno de manera superficial y en algunos casos delimitando sectores, más motivados por la intuición que por la evidencia, para la circulación segura de los estudiantes.
La bomba en Ipiales no explotó. Pero hizo lo suficiente: obligó a moverse con cautela y a asumir que la vida cotidiana puede quebrarse en cualquier momento. Porque lo inadmisible no es únicamente que una bomba haya caído cerca de una casa; eso constituye una violación al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe atacar o poner en riesgo indebido a la población civil. A esto se suma que un hecho de tal magnitud se diluya en la conversación pública, reducido a un tema más, disputado entre gobierno y oposición. La noticia sigue circulando, pero no parece generar el rating necesario para mirar atentamente lo que está pasando.
“Vi caer algo desde el cielo. No supe cómo llamarlo. Luego me dijeron que era una bomba, y que estaba junto a mi casa, como si viniera a visitarnos”. La guerra no necesita explotar para cambiar la vida, basta con aparecer. Cuando se instala en caminos, casas y escuelas, nos recuerda que proteger a la población civil no es un principio: es una urgencia que el país sigue ignorando.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-carlos-ramirez/
