Se le ve sonriente. Feliz. ¡Y lo está! Entonces graba un video para compartir esa alegría suya que él cree es la de todos. En resumen dice: miren, triunfamos, lo logramos, la hundimos.
El que habla es el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel López Aristizábal, quien se define a sí mismo como católico y misionero. Estará en ese puesto, por lo menos, hasta el 19 de julio de 2026.
En el video se le ve de traje y corbata, con el saco en la mano. Luce sudoroso —cuenta que ha estado corriendo de un lado a otro del recinto donde se debate, buscando los noes necesarios para lograr su cometido (¿divino, acaso?)— y se le adivina el crucifijo bajo la corbata.
¿Por qué celebraba? Porque consiguieron —él y los suyos— evitar que el Congreso regulara sobre algo que ya es ley en Colombia: el derecho a decidir sobre la calidad de la vida y de la muerte que desea cada ciudadano para sí mismo. Estamos hablando del derecho a morir dignamente, de la eutanasia.
Ya la Corte Constitucional reconoce la legalidad del procedimiento, pero el Congreso, legislatura tras legislatura, ha evitado regularlo. Este proyecto se ha presentado 15 veces —17 dicen otras fuentes— y busca organizar las cosas, aclarar la objeción de conciencia (sus alcances y sus límites), permitirles a las personas que se decidieron por esta opción que puedan acceder a ella sin pasar por un laberinto de trabas legales y prejuicios. Y que no terminen perseguidos por la justicia (ante el limbo jurídico en que hoy está la eutanasia) quienes les ayudaron a cumplir su deseo final.
Esta vez casi se logra. Se necesitaban 94 votos a favor, se alcanzaron 90. Y por eso es que Luis Miguel López Aristizábal está pletórico.
«La eutanasia no es dignidad», dice. «Que quienes estén viviendo una situación difícil se peguen (sic) de dios», aconseja. Porque Luis Miguel López Aristizábal cree y espera (lo hace él, de hecho) que se legisle con versículos y que sean los textos sagrados para unos los que dicten cómo debemos comportarnos todos, porque no diferencian entre las leyes y los diez mandamientos, entre los deberes de los ciudadanos y los pecados de los creyentes.
Salta al ruedo el también representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, celebrando que el proyecto de regulación se hubiera hundido: «miles de colombianos abandonados hubieran sido enviados al matadero».
Pasa, que los representantes López Aristizábal y Garcés, y sus respectivas bancadas y quienes se sienten por ellos representados, confunden la libertad de elegir el buen morir con la obligación a hacerlo. Les pasa algo similar con la interrupción voluntaria del embarazo. No diferencian (o prefieren no hacerlo para engañar con su discurso) entre un derecho y un deber. En lugar de «comuníquese y cúmplase», sus leyes —si estuviera en su poder dictarlas a su antojo, bien podrían rematar con un «sufre y reza, que para eso venimos al mundo».
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