Hay una diferencia entre negociar y comprometer la capacidad del Estado.
Lo que hoy estamos viendo no es simplemente un proceso de diálogo. Es la decisión de sentarse con estructuras armadas activas, concederles beneficios jurídicos y confiar en que cumplirán su palabra mientras siguen fortaleciendo su poder.
Eso es venderle el alma al diablo esperando que honre el acuerdo.
Negociar con grupos que siguen armados, que conservan control territorial y financiamiento ilegal, no es una apuesta neutral. Mientras el Estado dialoga, ellos no se detienen. El poder construido con violencia no se desmonta por voluntad. Se desmonta cuando pierde capacidad operativa.
Y las cifras demuestran que esa capacidad no ha disminuido. Ha crecido.
El balance de seguridad 2025 publicado por Razón Pública el 22 de febrero de 2026 evidencia que las ocho principales estructuras armadas ilegales suman más de 27.000 combatientes. Las disidencias de las FARC rondan los 10.000 hombres; el Clan del Golfo otros 10.000, con redes de apoyo que en algunas regiones duplican esa cifra. Es un volumen comparable al de 2011, antes del proceso con las FARC, pero hoy distribuido en múltiples organizaciones más pequeñas, más móviles y financieramente autónomas que compiten por rentas ilícitas.
La fragmentación no redujo la amenaza. La multiplicó.
Entre 2022 y 2025 las zonas de disputa activa pasaron de seis a trece. Una de las estructuras que más se expandió fue la comandada por alias “Calarcá”, jefe de una disidencia de las FARC que opera en varias regiones del país. Bajo su mando, esa organización amplió su presencia de 66 a 110 municipios y duplicó su fuerza. Más territorio, más hombres, más capacidad de intimidación. Todo en paralelo a los diálogos.
El 23 de julio de 2024 ocurrió un hecho concreto. En el Nordeste antioqueño fue interceptada su caravana. No se trataba de un operativo menor ni de una irregularidad administrativa. Dentro de los vehículos viajaban armas, dinero en efectivo, un menor reclutado y personas con órdenes de captura vigentes, pese a que él había recibido la suspensión de sus órdenes como gestor de paz.
Tras la interceptación, la Fiscalía dejó en libertad a los jefes involucrados. En el caso de “Calarcá”, la decisión se mantuvo bajo la figura de gestor de paz y la suspensión de sus órdenes de captura. La medida se adoptó pese a que el operativo evidenciaba actividad criminal en curso. La defensora del Pueblo advirtió entonces que esa suspensión no se estaba utilizando exclusivamente para facilitar los diálogos, pues los hechos demostraban continuidad delictiva mientras seguían vigentes los beneficios jurídicos.
Desde ese momento, la Fiscalía tiene en su poder computadores y dispositivos USB incautados en ese operativo. El contenido —revelado posteriormente por investigaciones periodísticas— evidencia que la estructura continuaba ejecutando reclutamiento infantil, asesinatos de firmantes de paz y fortalecimiento militar en paralelo a los canales de negociación, y a hoy, no hay imputaciones directas por esos hechos.
El problema no es solo jurídico. Es político.
En 2008, tras la operación contra Raúl Reyes, los computadores incautados registraron un mensaje de alias Ingrid Storgen señalando que, “por pedido del compañero Iván Cepeda”, se coordinaba la participación en las marchas del 6 de marzo. La verificación posterior de cronología y contexto no encontró evidencia de montaje: la guerrilla no creó la movilización, pero sí vio en ella una oportunidad política y coordinó su intervención.
Las estructuras armadas no solo buscan territorio. Buscan interlocución, legitimidad y espacios de influencia.
Cuando el respaldo institucional coincide con expansión territorial y continuidad criminal, el problema deja de ser un error táctico. Se convierte en una alteración del equilibrio de poder.
La experiencia comparada muestra que los Estados no pierden control de manera súbita. Lo pierden gradualmente, cuando las estructuras ilegales consolidan rentas, capturan espacios locales, intimidan comunidades y normalizan su presencia hasta que la autoridad formal ya no coincide con la autoridad real.
La pregunta no es si el deterioro ocurre de golpe. La pregunta es cuándo empezaremos a reconocer que ya cruzamos el punto en que recuperar el control resulta más costoso que haberlo defendido a tiempo.
Si se otorgan beneficios mientras las estructuras mantienen extorsión, control social, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, el Estado no está neutralizando su poder. Está permitiendo que se consolide.
Y cuando el silencio institucional convive con esa consolidación, ya no es prudencia estratégica. Es una renuncia al deber de proteger a los colombianos y de ejercer autoridad legítima en el territorio.
El permiso, frente a estructuras armadas que siguen ejerciendo violencia, no es una posición intermedia.
Es una forma de complicidad.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
