«10 minutitos más». ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? Creo que no soy la única que ha usado esta expresión en las mañanas cuando suena la alarma, intentando posponer, aunque sea por un instante más, el inevitable momento de levantarme de la cama y comenzar el día. La verdad es que muy pocas veces —o casi nunca—, vuelvo a tener un sueño profundo después de retrasar la alarma. En ocasiones, lo único que consigo es quitarle tiempo valioso a mi yo del futuro, ese que luego recuerda con remordimiento no solo los “10 minutitos más”, sino, a veces, hasta la hora extra que terminé durmiendo y ahora me hace falta.

El gobierno parece estar haciendo lo mismo, pero esta vez con el alza en los peajes. En 2023, la administración de Petro decidió congelar los precios de los peajes para evitar mayores presiones inflacionarias sobre los productos de la canasta familiar, que ya estaban bastante afectados por los altos niveles de inflación, sin señales claras de desaceleración. La medida fue bien recibida tanto por los gremios como por la población. Pero, ¿qué se estaba sacrificando a cambio de ese alivio?

Detrás de esta decisión se escondía una realidad silenciosa: un costo económico y fiscal a largo plazo que el gobierno decidió asumir y posponer, priorizando el impacto político inmediato. Lo que parecía ser una solución temporal para evitar el malestar social, terminó siendo una carga diferida para el futuro. Y ese futuro ya llegó.

En los últimos días de 2024, el gobierno anunció una serie de aumentos en los peajes del país para 2025. El objetivo: reducir el hueco fiscal dejado por el congelamiento y cumplir con los ajustes reglamentarios derivados de la inflación. Como era de esperarse, la noticia no fue bien recibida, especialmente cuando el precio del diésel también estaba en juego. Pero, ¿por qué pasó casi desapercibida entre las muchas noticias que abrieron el año? ¿Acaso el impacto real aún no ha sido completamente dimensionado?

¿Es este un asunto menor? La respuesta es un rotundo no. Este año, el gobierno aplicará los incrementos del IPC correspondientes a 2023 y 2024, acumulando un aumento cercano al 15% del valor actual: un 9,28% por 2023 y aproximadamente un 5-6% por 2024. Estas cifras no son menores. Representan costos altísimos con implicaciones económicas preocupantes. Aunque los aumentos se realizarán de manera gradual —4,64% el 1 de enero, 5,2% el 16 de enero y 1,86% el 1 de abril para ajustar 2023, además de los posibles incrementos por 2024—, el impacto acumulativo sobre la economía es inevitable.

Mayores costos de transporte, tanto por fletes como por combustible, difícilmente serán asumidos por los productores, quienes necesitan mantener márgenes de ganancia para seguir incentivados a producir. Entonces, ¿quién paga realmente esta factura? La respuesta es clara: el consumidor.

Colombia, con su principal producción concentrada en el centro del país y su geografía montañosa, enfrenta una realidad compleja. El transporte de mercancías por las carreteras, aunque ha mejorado, sigue siendo costoso y poco competitivo. Cada aumento en los peajes no solo encarece los precios finales de los productos, sino que retrasa la estabilización económica. Y, como sabemos, los precios rara vez bajan; simplemente dejan de subir.

¿Cómo afecta esto a los objetivos de reducción de la inflación? El panorama no es alentador. Enfrentamos un crecimiento económico lento y mayores costos de producción y transporte, lo que complica cualquier intento de desacelerar la inflación. A esto se suman las tensiones internacionales y el aumento de aranceles, que terminan por encarecer aún más los bienes importados.

La solución del gobierno, que en su momento se presentó como una victoria y un alivio para la población, se ha revelado como un simple «compra de tiempo» para evitar el descontento social y mantener la popularidad. Sin embargo, ese alivio temporal ha traído consigo costos financieros y sociales significativos, y el tiempo, como suele ocurrir, ha cobrado su deuda con intereses. ¿Podemos realmente justificar decisiones que hipotecan el bienestar del futuro por evitar incomodidades del presente? 2025 nos enfrenta a una realidad: el costo de recorrer las vías del país no será solo económico, sino también social. «Diez minutitos más» puede sonar tentador al principio, pero al final, ese tiempo ganado termina pesando mucho más. Y ahora estamos pagando el precio de esa procrastinación colectiva, cargando un hoy complicado y enfrentando un mañana que, en muchos casos, parece peor que el ayer.

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