Iván Cepeda lidera las encuestas a menos de un mes de la primera vuelta. Vende una alternativa / opción de esperanza muy bien. También lo hace Abelardo de la Espriella desde la otra orilla: ambos hablan, en versiones distintas, de refundar la patria. Pero Cepeda —y Petro, con el lobby del Ejecutivo— ha dicho expresamente cuál es el camino: una asamblea nacional constituyente. Esa palabra, repetida en la Plaza de Bolívar el 1 de mayo y materializada en los cinco millones de firmas que Petro dijo que entregarán el 20 de julio, es el botón rojo del sistema. Es “el coco” del que muchas personas alertan, y otras tantas desestiman.
El problema es que la mayoría de los colombianos no sabe qué pasa cuando se aprieta. Hace décadas que la educación cívica desapareció de los colegios. Pocos salen sabiendo qué hace el Consejo de Estado, cómo se elige al CNE, o por qué importa una Corte Constitucional independiente. Un país que no entiende su Estado no puede defenderlo cuando intentan reescribirlo.
Vale la pena un repaso breve. El Consejo de Estado revisa si los decretos del Ejecutivo se ajustan a la ley; el 28 de abril suspendió un decreto que ordenaba trasladar 25 billones de pesos del ahorro de 120.000 colombianos en las AFP a Colpensiones. El Consejo Nacional Electoral vigila la financiación de las campañas; investiga, hoy, la del propio presidente Petro en 2022. La Fiscalía persigue los delitos, entre esos, los propios del Ejecutivo. La Corte Constitucional garantiza que ninguna reforma destruya los pilares de la constitución del 91, tales como: la separación de poderes, alternancia, derechos fundamentales. Estas cuatro instituciones, juntas, son la frontera entre una democracia y un poder sin contrapesos, y, son también, la pesadilla de quienes quieren llegar a centralizar el poder en el ejecutivo, es decir, en la presidencia.
¿Cómo se desarman? El paso a paso es el mismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Primero, un líder llega legítimamente por la urna prometiendo justicia social. Segundo, convoca una refundación constitucional (Constituyente). Tercero, captura la rama judicial: por ejemplo, en Venezuela, Chávez amplió la Corte Suprema en 2004 para llenarla de magistrados afines; en Nicaragua, en 2009 la Corte declaró «inconstitucional» la prohibición de reelección que pesaba sobre Ortega. Cuarto, controla el órgano electoral. Quinto, elimina los límites a la reelección. Sexto, las libertades se limitan y la economía colapsa.
En Colombia, los primeros pasos ya empezaron. El programa de Iván Cepeda, llamado «El poder de la verdad 2026-2030» propone una «Constituyente Popular», a la vez que el gobierno de Petro choca semanalmente con el Consejo de Estado e impulsa firmas para una asamblea cuyo segundo capítulo, según Petro, es la «reforma al sistema político y judicial». El orden no es casualidad, siempre lo que se busca primero son las firmas y la “voluntad popular” – aprovechándose del desconocimiento de las mayorías vulnerables -, luego reescriben las reglas que hoy protegen la democracia y blindan el equilibrio del poder.
Por eso la pregunta del título importa, ¿Refundar la patria?Una donde las cortes no controlen los decretos del Ejecutivo; una donde el árbitro electoral elija quienes compiten en las elecciones; una donde el fiscal responda al presidente en lugar de investigarlo; una donde la última palabra sobre la Constitución la tenga quien quiere reescribirla. Esa patria existe, tiene varios nombres, Venezuela es uno, y produjo ocho millones de migrantes; Nicaragua es otro y tiene 7 candidatos presos en una sola elección, también se llama Cuba y tiene 65 años sin elecciones libres. Tres ensayos recientes, y ninguno termina en progreso y justicia social.
El llamado a la acción es modesto pero urgente. Aprender a reconocer cuándo una institución está siendo capturada en vez de reformada. Preguntarle al candidato qué artículos quiere reformar, con qué umbrales y con qué controles. Defender las instituciones por encima de las narrativas: aplaudir al Consejo de Estado cuando frena a un gobierno con el que simpatizamos, pedir que la fiscalía investigue al político que apoyamos, criticar a los nuestros con la misma exigencia con que criticamos a los otros.
Las instituciones no se defienden porque convenga a un bando, sino porque son la única garantía que, de mañana, cuando el bando cambie —que siempre cambia—, sigan protegiéndonos.
Vale la pena reflexionar, como sociedad, antes de aplaudir a ciegas un cambio a la Constitución del 91 —reconocida como una de las cartas más garantistas del continente en derechos sociales y democráticos—. No se trata de defenderla por intocable; se trata de no entregarla sin saber qué se recibe a cambio. Las democracias no se pierden por capítulos, es una votación a la vez. Y el primer capítulo casi siempre se llama esperanza.
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