El lunes 22 de noviembre, algunos de los precandidatos y precandidatas presidenciales participaron en un foro organizado por El Espectador, Temblores ONG, y FESCOL, sobre reforma a la Policía en el marco de las discusiones sobre las propuestas para el próximo primer mandatario o mandataria del país. El debate tuvo momentos muy interesantes de análisis de las propuestas, pero, desde mi punto de vista, deja por fuera de la discusión un asunto que es esencial previo a la reforma policial, o por lo menos más ambicioso y necesario: la reforma del sector defensa y seguridad.
Esta reforma es un debate nacional pendiente que recoge otros temas relacionados, entre ellos la reforma policial, pero que no tiene la suficiente atención de la agenda pública y que se ha quedado en espacios académicos y técnicos muy específicos, pese a ser mucho más integral y significativa. En adelante quiero plantear algunos puntos centrales de la discusión como una forma de contribución para ampliar la mirada.
En primer lugar, podría pensarse que la arquitectura del sector defensa y seguridad del Estado tiene un protagonista muy relevante en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la gestión de la seguridad ciudadana ha llevado a que en la práctica los actores e instituciones sean diversos y no siempre alineados en el marco del mismo gobierno nacional. Creo que esto no ocurre con los asuntos de Defensa.
Si bien hay un avance del gobierno Duque en la promulgación de políticas públicas sectoriales, como la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Política de Defensa y Seguridad, el Ministerio de Defensa es un actor adicional en un contexto de seguridad ciudadana donde otros entes cumplen roles significativos de línea política y no solo complementarios: el Ministerio del Interior tiene un papel determinante, en particular por la dirección del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON, esto en lo técnico, pero en lo político los ministros del interior se han involucrado de manera significativa en los asuntos de seguridad ciudadana, como el actual; el Ministerio de Justicia, además de liderar las discusiones de política criminal del Estado, ejerce la dirección sectorial del sistema penitenciario y carcelario y coordina parte de las políticas de tratamiento a las drogas y contra la violencia intrafamiliar, además de liderar la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como política de convivencia; y finalmente existe en el país la Consejería Presidencial para la Seguridad Ciudadana que toca en sus funciones con temas de las demás dependencias, pero con un espíritu de coordinación estratégica.
Estas 4 instituciones mencionadas son ejemplos de cómo en el sector defensa y seguridad, en particular en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, los roles y responsabilidades son difusos y no se entiende cuál es la institución que coordina y guía la formulación e implementación de política pública. Hacer más clara esta arquitectura institucional es una urgencia significativa del sector, creo que más importante que las iniciativas de reforma específica como la policial, o por lo menos amerita desarrollarse a la par.
Un segundo punto que amerita una reforma del sector defensa y seguridad desde el nivel central de gobierno es generar un esquema de responsabilidades multinivel más claro con alcaldes y gobernadores. Pese a que en la normatividad los alcaldes y gobernadores aparecen como primeras autoridades en sus jurisdicciones, la centralidad de la relación de gobiernos locales con la Policía Nacional ha dejado en evidencia que cumplir ese papel de máxima autoridad jurisdiccional por fuera de la línea de mando de la Policía, al ser una institución central y jerarquizada, se hace confuso. Acá es importante repensar los espacios e instrumentos de coordinación y las instancias de toma de decisiones como los consejos de seguridad y los puestos de mando unificados. Esta es una de las razones por las que comúnmente vemos desacuerdos entre autoridades locales y Policía, al no ser tan claro el rol y la responsabilidad de cada uno, en particular en la línea de decisión.
Y finalmente, un tercer punto de la agenda es abrir la discusión, darla y agotarla realmente sobre la mejor ubicación de la Policía Nacional dentro de la arquitectura institucional colombiana. Es cierto que el caso nuestro es realmente atípico en cuanto a la ubicación de la Policía en el Ministerio de Defensa, pero no es menos cierto que en el mundo la Policía tampoco suele ubicarse en el ministerio que hace las veces de coordinador de relaciones políticas y la agenda legislativa. El debate que vuelve cada tanto sobre si sacar o no a la Policía del Ministerio de Defensa me parece válido y razonable, pero no la posibilidad de que pase al Ministerio del Interior, que ni misional ni políticamente tendría que estar relacionado con seguridad ciudadana. Ahí se abren las posibilidades a repensar el Ministerio de Justicia por una cartera que fuera más de justicia y política criminal en donde podría tener lugar la Policía o pensar un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana y Convivencia que la acoja, con el riesgo de que se perpetúe la multiplicidad inorgánica y descoordinada de instancias sobre la seguridad, que señalé más arriba.
El debate está abierto y es necesario, no sirve de mucho reformar la Policía si se deja inalterado el sector al que pertenece. En otras palabras, claro que hay que reformarla, pero también hay que reformar el sector defensa y seguridad del gobierno nacional.
