La extorsión es, quizá, el delito que mejor retrata cómo opera hoy el crimen organizado en Colombia. Se ordena desde adentro de las cárceles y se cobra afuera, en la calle. Entre esos dos puntos —la prisión y la esquina— se mueve buena parte del debate sobre seguridad de esta campaña. El problema es que casi siempre se queda en uno solo de ellos.
Que una parte importante de las extorsiones se coordine desde las cárceles ya no sorprende a nadie. En Cómbita, una estructura de internos montó un call center que llegó a afectar a más de diez mil personas y a mover más de mil doscientos millones de pesos al mes. El propio Inpec, con su Plan Dominó, ha intervenido de forma simultánea en cárceles de todo el país y ha decomisado cientos de celulares, tarjetas SIM y armas. Dentro de los penales hay una economía criminal en funcionamiento, con nómina, clientes y rutas de cobro. La prisión, en buena parte del país, dejó de ser el lugar donde termina el crimen para convertirse en una de sus oficinas.
Eso no es un argumento en contra de las cárceles. Es un argumento sobre sus límites. Una prisión más grande o mejor administrada no cambia la ecuación si quien custodia la puerta es parte del negocio: en los operativos recientes cayeron también funcionarios del Inpec, y la entidad mantiene cerca de mil doscientas investigaciones disciplinarias abiertas contra sus propios empleados. Y mientras entre más gente de la que sale —Colombia tiene más de 104 mil presos para alrededor de 82 mil cupos—, el sistema le sigue entregando al crimen un público cautivo al que reclutar. El encierro es necesario; pero por sí solo no toca lo esencial.
Porque lo esencial ocurre afuera. Las investigaciones de Valor Público, de la Universidad EAFIT, han mostrado que el corazón del problema está en la calle, donde el cobro se ha naturalizado hasta presentarse —y aceptarse— como la prestación de un servicio de seguridad. El grupo que cobra la vacuna no llega como extorsionista, sino como quien pone el orden que el Estado no garantiza. Ahí, en el barrio, el crimen no solo extrae dinero: también gobierna.
Y ese es el punto ciego que comparten ambas orillas del debate. Quien apuesta por más muros se concentra en la oficina y deja intacto el mercado. Pero quien apuesta solo por atender las causas sociales tampoco resuelve el fondo: mientras el grupo armado siga siendo la autoridad que provee seguridad en el territorio, la inversión social llega a un lugar que otro ya gobierna, y los diálogos corren el riesgo de legitimar a quien cobra. No se trata de elegir entre cárceles y programas sociales. Se trata de admitir que ninguno de los dos, por sí solo, le disputa al crimen lo único que, de verdad, lo sostiene: la autoridad sobre el territorio.
Cualquiera que sea el resultado del 21 de junio, el próximo gobierno heredará barrios en los que el Estado fue reemplazado hace años como el que impone el orden. Recuperar ese lugar no es asunto de muros más altos ni de buenas intenciones: es volver a ser, en la esquina, la autoridad que hoy ejerce otro. Mientras esa disputa no se dé, podremos cambiar de edificio o de discurso sin cambiar de problema.
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