Eso le pasa por ponerse esa ropa. Para qué se metió por allá. Por qué volvió con él. La historia de la violencia contra las mujeres en Colombia puede verse como la historia de echarle la culpa a las víctimas.

Las afirmaciones que usé para empezar podrán recordarles a algunos lectores casos famosos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, no son un asunto del pasado, al contrario, echarles la culpa a las víctimas es una práctica vigente en el ideario de muchos colombianos.

“Qué mal, pero, aun así, esas niñas de esas edad disfrutan meterse con extranjeros y hombres mayores. Algo normal.”

“Los padres saben que ellas son así, y callan.”

Estos son comentarios que vi en noticias recientes sobre capturas relacionadas con delitos sexuales hacia menores. Ambos implican una cosa: es culpa de las niñas explotadas caer víctimas de esta situación.

A nivel institucional pasa algo similar, de ahí que esto sea un problema, más que cultural, estructural. Un ciudadano chino pretendió recientemente explotar sexualmente a una menor de 14 años y fue dejado en libertad porque la niña habría mentido sobre su edad con una cédula falsa, por eso mismo, a esta le habrían abierto un proceso por el delito de falsedad en documento público. Mejor dicho: ¡quién la manda a usar cédula falsa!

En la manera como juzgamos el problema de la explotación sexual hay un móvil fuerte para atenderlo o desestimarlo. Justificar que la explotación es un asunto voluntario, que una niña puede “escoger” la prostitución, y mucho peor, que se trata de un asunto de deseo o placer sexual, es tirar el problema bajo el tapete.

Por eso quiero proponer dos enfoques de la discusión para movilizar la opinión hacia la demanda de soluciones: primero, la mano negra de estructuras criminales detrás de las redes de trata y explotación que diluyen las responsabilidades al punto de ser completamente invisibles. Tenemos que llamar al gobierno nacional para que con urgencia intervenga en la identificación y persecución de las redes de tráfico. Segundo, el andamiaje jurídico que no está diseñado para castigar la demanda ni es completamente eficiente en la tipificación de delitos. Para avanzar en la dirección correcta necesitamos exigirles a legisladores que se pongan las pilas para generar un andamiaje institucional correctamente enfocado a la protección efectiva de derechos.

La verdad es que el problema de la explotación sexual se le salió de las manos a Medellín; es el momento de pedirle a los de más arriba que hagan algo.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/pablo-estrada/