Uno puede estar en desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto y expresarlo públicamente. Uno puede incluso estar en contra de la existencia del control judicial de constitucionalidad de las leyes, o con sus actuales alcances, y proponer cambios normativos dirigidos a quitarle poder y competencias a la Corte. Pedir una constituyente es algo radical y a mi juicio peligroso, pero de ninguna manera prohibido.

Sin embargo, en un Estado de derecho el derecho se debe respetar y obedecer mientras esté vigente, así se esté en desacuerdo con su contenido. Esto es especialmente cierto cuando se es servidor público, pues quien voluntariamente acepta ser parte del engranaje jurídico estatal no tiene opción diferente a someterse a sus reglas. Es por esto que resulta inaceptable que el Presidente Iván Duque haya cuestionado de una manera tan baja a la Corte Constitucional, acusándola de tomar una decisión “atroz”. Eso no es expresar públicamente un desacuerdo con el contenido de un fallo judicial, sino una especie de invitación subrepticia a desacatarlo y una deslegitimación de la justicia.

No se trata, ni mucho menos, de algo que nos deba sorprender, pues el actual Gobierno, como recordó recientemente Esteban Hoyos, ha atacado en diversas ocasiones la independencia judicial de la Corte Constitucional, cuando esta ha tomado decisiones contrarias a los intereses gubernamentales. De hecho, vale la pena tener presente que desde 2002 el uribismo siempre se ha caracterizado por sus enfrentamientos abiertos con la justicia, a la cual parece ver únicamente como un instrumento de lucha política, por lo cual este comportamiento lamentable por parte del Presidente y su partido de gobierno era casi que esperable.

Así como esperable era también la amenaza de muerte dirigida en contra de los cinco magistrados de la Corte Constitucional que apoyaron la despenalización del aborto, pues si el Presidente de la República no tuvo problema en irse lanza en ristre en contra de estos, ¿por qué no habrían de sentirse legitimados sectores criminales para declararles objetivo militar?

En un Estado de derecho medianamente funcional, la amenaza violenta de magistrados de una alta corte no puede ser otra cosa que la prioridad número uno de las autoridades. Pero mientras escribo esto, el martes en la mañana, reviso los periódicos y las redes, y veo que ni el Presidente ni ningún integrante de alto nivel del Gobierno se ha dignado siquiera a condenar este amedrentamiento inadmisible.

Soy capaz de entender esta actitud: quien ve a la justicia como la ley del más fuerte no puede tolerar que quienes representan la justicia le contradigan y no se sometan fácilmente a su voluntad. Pero me cuesta comprender tanta falta de visión estratégica: quienes están actualmente en la cúspide del poder político en Colombia están a punto de perderlo todo en manos de su más tenaz contendor, por lo cual deberían ser los primeros interesados en la existencia de una justicia vigorosa e independiente capaz de ejercer como freno y contrapeso en un eventual gobierno de la actual oposición. Pero todo indica que el Presidente y compañía prefieren jugar con fuego, olvidando que este, con un poco de mala suerte, les puede quemar.