Esta columna no pretende dar una posición por sentada.

No es mi objetivo plasmar mi opinión y los argumentos que la soportan. Por el contrario, lo que busco con estas palabras es hacer una invitación abierta a todos y todas las interesadas, a las entidades del Estado, al sector privado, a la academia, a los y las políticas, a la sociedad civil y a las mujeres que hoy ejercen o han ejercido la prostitución a hablar precisamente de este tema, de la prostitución en Colombia y la mirada que como sociedad le vamos a dar a esta.

A raíz de varias opiniones que he expresado sobre el caso del senador Álex Flórez en mis redes sociales, en las que manifiesto abiertamente mi rechazo frente a la cosificación del cuerpo de la mujer, he recibido muchos comentarios del siguiente estilo: “es el cuerpo de la mujer, ella decide que hace con él”; “ella está ejerciendo su libertad”; “la prostitución no es un delito”; “las mujeres mismas se ponen precio”. También se me ha calificado de “falsa feminista”, pues si defiendo el empoderamiento femenino, debería apoyar la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo. A todos y todas les he dicho que es precisamente el momento de sentarnos y conversar qué postura vamos a tomar hacia la prostitución, si vamos a defender su regulación como profesión o si vamos a buscar su abolición (que no significa penalización).

Dentro del movimiento feminista las posiciones son diversas. El abolicionismo pretende, como su nombre lo indica, erradicar las prácticas relacionadas con la prostitución y perseguir y penalizar la demanda y todas las formas de proxenetismo, más no a la mujer o persona en situación de prostitución, a quien se considera una víctima de unas formas de poder sistemáticas que coartan la libre decisión sobre su cuerpo. En el abolicionismo, la prostitución no puede ser un trabajo, pues la mujer llega a este no por la consideración y libre elección de sus posibilidades laborales, sino por un contexto complejo de supervivencia que la obliga a tomar la decisión de entregar su cuerpo. La prostitución y la explotación sexual son inseparables para esta postura, pues refuerza la idea de que la mujer puede ser convertida en un objeto de disposición.

Por su parte, el regulacionismo atañe a la idea de que las mujeres que se dedican a la prostitución se encuentran en una situación de desprotección frente a sus derechos laborales, pues ellas practican el oficio como un ejercicio de libertad sobre su cuerpo. Esta posición defiende la prostitución como trabajo y busca su regulación. Parte, además, de una interpretación de la idea de la emancipación del cuerpo de la mujer, entendiendo que ella puede vivir su sexualidad de la manera que mejor lo considere. De igual manera, para esta postura, prostitución y explotación sexual son dos temas diferentes que además deben ser separados definitivamente y que uno no lleva al otro de manera necesaria. Lo que pretende esta visión es garantizar a las personas en situación de prostitución los mismos derechos laborales de cualquier otra profesión.

Si bien estamos hablando de dos posturas que parecieran completamente contradictorias, ambas consideran que la persona en situación de prostitución, especialmente la mujer, es un sujeto vulnerado en su integridad y dignidad y que el Estado debe intervenir para resarcir sus derechos.

En Colombia, la prostitución efectivamente no es un delito, ni está penalizada; sin embargo, a la fecha no hay un marco jurídico claro que siente una postura ni que proteja y garantice los derechos de quienes la practican. En varias sentencias, la Corte Constitucional se ha pronunciado a favor de la protección de los derechos a la libre circulación, la libertad personal y a la no discriminación de las llamadas trabajadoras sexuales. No obstante, estos pronunciamientos no impiden que en nuestro país y especialmente en ciudades como Cartagena y Medellín, la prostitución se ejerza en contextos de violencia, intermediada por delitos como la explotación sexual, el proxenetismo o la inducción a la prostitución.

En este sentido, es urgente sentarnos a debatir como sociedad cómo afrontar una problemática tan extendida y, sobre todo, darles voz a las personas en situación de prostitución para conocer sus historias, sus necesidades y sus posturas al respecto, y lograr legislar si es necesario, o crear políticas consecuentes con la realidad de los y las involucradas, pero con una mirada fija en la protección de derechos.

No podemos seguirnos haciendo los ciegos, sordos y mudos frente a este asunto. Se nos salió de control y la única manera de resolverlo es poniendo el tema sobre la mesa.