Gustavo Petro se tomó por asalto las marchas del 1 mayo, día internacional de los trabajadores, intentando convertirla en una especie de “contra-marcha” que le permita mostrar respaldo popular luego de las multitudinarias movilizaciones realizadas por la oposición el pasado 21 de abril. El ardid de Petro es simple: él sabe que, ni aún contando con toda la maquinaria institucional, utilizando los recursos públicos y el aparato de propaganda del Estado, ni con el apoyo subrepticio del ELN, las FARC y el Clan del Golfo, podrá llenar las calles como lo ha hecho ya la oposición, no sólo en la movilización pasada, sino también en convocatorias previas.

Este hecho de instrumentalización política al que se han prestado algunas centrales sindicales ha generado divisiones y rupturas. El presidente de la CGT (Confederación General del Trabajo), así como sindicalistas agremiados en la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) han manifestado su molestia por semejante atropello. Son muchas las voces que han pedido no participar en la movilización, optando por actividades distintas como concentraciones internas o encuentros virtuales, dado que comprenden que lo que se encuentra en juego es la autonomía y la legitimidad del movimiento sindical en el país. Se sabe ya que, para el caso de la CGT- Antioquia, no habrá participación en la jornada, pues como lo dicen en su comunicado “este es el día de los trabajadores y no del Gobierno de Gustavo Petro, quien descaradamente se quiere tomar las calles con su comité de aplausos”.

Pero no sólo instrumentalizando su día lacera Petro a los trabajadores colombianos. Lo ha venido haciendo por dos años. La reforma tributaria que impulsó e hizo aprobar en el Congreso fue un atentado directo contra los trabajadores y los sectores populares más desfavorecidos del país, a los que en su retórica populista prometió defender. Esta reforma, profundamente regresiva, ha tenido un impacto nocivo sobre la producción nacional, y concedió en cambio un sinnúmero de privilegios a las empresas multinacionales, afectando la cantidad y la calidad del empleo en Colombia. Los impuestos a productos de alto consumo como las gaseosas y alimentos ultraprocesados aumentó drásticamente el costo de la canasta familiar, lo cual no deja de ser un crimen en un país donde los más pobres no tienen hoy ni para comprar el salchichón. Y ni hablar del impuesto de renta a las personas con ingresos cercanos a los 10 millones de pesos mensuales, una bofetada en la cara a la clase media, mientras deja intactos a los “4 mil más ricos”, únicos a los cuales subiría la tributación, según juró y perjuró en campaña.

Otro tanto ocurre con la reforma laboral que viene impulsando Petro. Como lo denunció en su momento la CGT, esta no fue socializada ni se realizó proceso alguno de concertación con los gremios, las centrales obreras o la academia. Este proyecto de reforma, además de golpear la generación de empleo en el país, constituye un ataque contra la libertad sindical y el derecho constitucional de asociación. La reforma parece estar dirigida sólo a asegurar la subsistencia de los grandes sindicatos, como la CUT, cuyas directivas han sido dóciles al gobierno de Petro, y en cambio pone en peligro a los pequeños y medianos sindicatos.   Un Gobierno que aumenta el costo de la canasta familiar en un país donde millones de personas padecen hambre, que destruye la producción nacional, que genera desempleo, que frenó el crecimiento de la economía, que instrumentaliza y fractura al movimiento sindical, ¿cómo puede llamarse amigo de los trabajadores?

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