Puede que, para muchos, la Jurisdicción Especial para la Paz sea solo una institución más. Pero no se puede olvidar que ha sido clave para devolverle a millones de colombianos la posibilidad de reconstruir su historia.
Hoy, esa misma institución reveló que la cifra de falsos positivos no se reduce a 6.402, sino que asciende a 7.837. No es un detalle menor: responde a la ampliación del periodo de investigación, que pasó de 2002–2008 a 1990–2016, incorporando casi mil informes de víctimas. Es decir, no estamos ante un número que crece, sino ante una verdad que apenas empieza a aparecer completa. Y, aun así, hay quienes convierten estas cifras en insumo de campaña, las usan, las acomodan, las repiten como si fueran un argumento más en la puja política. Da igual si es desde la derecha o la izquierda: cuando se instrumentaliza el dolor, lo que se hace es revictimizar. Porque detrás de cada número hay una madre sin respuesta, un padre que sigue buscando y una familia que no pudo cerrar su duelo.
Por eso incomoda y tiene que incomodar, que se plantee a Álvaro Uribe Vélez como posible ministro de Defensa no es una provocación menor ni un debate abstracto. Muchos de estos crímenes ocurrieron durante su gobierno y nombrarlo en ese cargo no es solo una decisión política: es un mensaje. Un mensaje que, para las víctimas, puede leerse como un premio al poder y una burla sobre quienes siguen esperando verdad.
No se puede construir confianza sobre esa contradicción, no se puede hablar de reparación mientras se reabre la herida, no se puede exigirle a las víctimas que confíen si el Estado no es capaz de reconocer lo que pasó en toda su dimensión.
Además, esta cifra sigue siendo un aproximado. Los procesos continúan, las versiones no se han agotado y aún hay verdades que no han salido a la luz. Presentarla como un dato cerrado es, de nuevo, una forma de reducir lo que en realidad sigue abierto. Si el propósito de la JEP es la verdad, la reparación y la no repetición, entonces la conversación pública debería estar a la altura. La memoria no es un recurso político ni un argumento de ocasión, es una responsabilidad.
Hay imágenes que ayudan a entenderlo mejor que cualquier cifra. Recuerdo haber tenido 16 años cuando vi por primera vez una fotografía de Jesús Abad Colorado. No era solo el desplazamiento: era la sensación de una vida interrumpida. Familias cargando lo poco que les quedaba, como si toda su historia tuviera que caber en una maleta. No era una escena lejana; era la evidencia de que el país que uno habita también es ese y esa incomodidad debería quedarse.
En Bogotá, sobre la Avenida de las Américas con carrera 29, está el Museo de la Memoria. Es un edificio gris, atravesado por puntas, que incomoda incluso desde afuera. No es casual: no está hecho para ser amable. Está ahí para interrumpir, para recordarnos que, mientras la vida sigue en su afán cotidiano, hay una historia que no se puede suavizar, hoy parece un elefante blanco: está, pero no se mira; existe, pero no es prioridad. No es tendencia, no es conversación, no es el foco del momento. Y, sin embargo, representa a quienes no han podido seguir avanzando al mismo ritmo que el resto del país. A quienes siguen detenidos en ese punto donde todo se rompió.
Hace pocos días murió Virgelina Chará, una mujer que dedicó su vida a tejer memoria. Su ausencia también es un recordatorio: la memoria no se sostiene sola. Hay que cuidarla, insistirla, defenderla.
Por eso, más allá de las cifras, la tarea es clara y no admite matices: vamos a seguir exigiendo la verdad porque así como hay vidas que quedaron suspendidas en el conflicto, también hay una responsabilidad colectiva de no dejarlas en el olvido. Que muchas familias puedan encontrar algo de tranquilidad depende de que esa memoria se siga tejiendo, sí, pero no desde la revictimización, sino desde el respeto y la dignidad.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/tania-torres/
