“Esta es una montaña que se está viniendo y que si llega a colapsar tapa la quebrada Doña María. (…) No soy ingeniero, soy un ciudadano que hice un recorrido con el Cuerpo de Bomberos. Esa quebrada se lleva Santa Rita, La Pradera, La Verde, Mi Casita y de ahí para abajo se lleva todo lo que es Itagüí”.

Estas fueron las palabras de Carlos Arturo Quiceno –líder comunitario de San Antonio de Prado–, durante la sesión del 29 de junio de la Comisión Accidental del Concejo, en la que las comunidades expusieron los riesgos y afectaciones que sufrían por la temporada de lluvias a la directora del DAGRD y su equipo. Catorce (14) días después, la montaña de la que hablaba don Carlos cedió, originando un deslizamiento de 274 mil metros cúbicos, equivalentes a la carga de 7.611 volquetas.

La avalancha de lodo, piedras y troncos arrasó viviendas y cultivos familiares, y cobró la vida de una mujer y un menor de edad.

Lo increíble es que esta fue una tragedia anunciada: la denuncia de Carlos en el Concejo no fue la única alerta. Como reportó el periódico El Colombiano, desde hace dos semanas los habitantes de la zona venían advirtiendo sobre su preocupación por las grietas que mostraba la montaña, razón por la que solicitaron visitas del DAGRD, entidad que no escuchó sus llamados. Luis Aníbal Foronda –uno de los habitantes entrevistados por El Colombiano– relató: “Estaban esperando que ocurriera otro Armero: estamos en desgracia por no ponerle atención a una montaña. La negligencia del Municipio nos tienen en estas. Ahora si vienen a mirar, después de la tragedia”.

Además, el Cuerpo de Bomberos de Medellín ya había realizado una visita de inspección en la que encontraron grietas que quedaron consignadas en varios informes y minutas que fueron entregados a la alcaldía, en los que se registraba la alerta y se solicitaba la visita de los ingenieros del DAGRD.

La comunidad, el Concejo y los Bomberos habían advertido a la alcaldía sobre el riesgo de derrumbe en San Antonio de Prado. ¿Qué hizo el DAGRD para prevenir esta tragedia? ¿Hubo advertencias a la comunidad? ¿Hubo órdenes de desalojo? Se conoció que la Personería de Medellín ya inició una investigación disciplinaria para determinar si hubo negligencia en las medidas de precaución.

Desde que Daniel Quintero llegó a la alcaldía, el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres ha tenido tres directores, algo sumamente delicado en una entidad que debería dirigirse con criterios técnicos, y de ninguna manera políticos. Son múltiples las denuncias que se han hecho a esta entidad por contratar a dedo a personas sin experiencia en prevención y atención en desastres, que presuntamente no cumplen ninguna función al interior de la entidad, y que copian y pegan sus manuales de funciones y rendiciones de cuentas sobre sus actividades. Quienes han investigado el tema, denuncian que el alcalde le entregó el DAGRD a su exconcejal destituido por hacer política con recursos públicos, para que lo usara como botín burocrático para contratar amigos, familiares y ex parejas a cambio de votos y parte del salario que reciben, convirtiendo una entidad que debería ser técnica en una bolsa para el clientelismo en su máxima expresión.

Politizar entidades como el DAGRD y poner en riesgo su carácter técnico limitando la continuidad de sus directivas cambiándolas permanentemente, y reemplazando a sus funcionarios con burocracia no calificada, tiene consecuencias nefastas para la ciudad, habida cuenta de que de este organismo depende la prevención, atención y seguimiento a las emergencias que se presentan.

Medellín es una ciudad con una topografía compleja, con construcciones cerca de quebradas, en barrancos o al pie de amenazantes montañas. Los derrumbes han sido parte de nuestra historia, y el cambio climático, con la cantidad de precipitaciones que acarrea, acrecienta el riesgo al que están expuestas las familias más vulnerables. El crecimiento de la ciudad en las laderas y riberas de quebradas es un peligro que se paga casas, cultivos familiares e incluso vidas de personas que quedan indefensas en cada temporada invernal. No habrá una solución definitiva inmediata a este problema, pues la misma implica la reubicación en condiciones dignas de las comunidades que viven cerca de zonas de riesgo. 

Lo anterior pasa por una apuesta decidida por construir vivienda digna para las familias más vulnerables de Medellín, apuesta que no se ha hecho desde la alcaldía de Alonso Salazar. Por ejemplo, la comuna 1 es testimonio de que es posible reubicar en lugares seguros a familias que vivían en las riberas de las quebradas, dejando estas como corredores biológicos custodiados por árboles. La próxima administración de Medellín debe implementar un plan para construir vivienda en la ciudad. 

Mientras eso ocurre, las autoridades deben escuchar las alertas de las comunidades y tomar medidas preventivas, siempre. Todas las entidades municipales deberían dirigirse con criterios técnicos, ajenas a cualquier tipo de politización, pero si hay una que debería manejarse así en todas las administraciones, es el DAGRD, cuya responsabilidad técnica no puede ponerse en riesgo con cuotas políticas.

La alcaldía debe asumir la responsabilidad de lo sucedido. Esto no pasó de la nada, no puede ser que en una tragedia avisada pierdan la vida dos personas y todo siga como si nada. ¿Quién responde?¿Hubo orden de desalojo? ¿Hubo inspección? ¿A cuáles funcionarios se encargó el seguimiento de las denuncias presentadas por la comunidad, el concejo y los bomberos? ¿Por qué no escucharon las alertas? La directora del DAGRD estaba en el Concejo cuando Carlos Arturo Quiceno advirtió sobre el riesgo de deslizamiento. Hay entonces dos opciones: o sabía lo que iba a pasar y no hizo nada para prevenirlo, o ni siquiera se dio por enterada. Negligencia o incompetencia.

Mi solidaridad con las familias de las víctimas de la tragedia en San Antonio de Prado. Duele saber que pudieron evitarse. Las vidas que no se salvaron pesarán en la conciencia de quienes ni escucharon ni actuaron a tiempo.