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Entre las retardadas reacciones al grave caso de explotación de menores ocurrido en nuestra ciudad la semana pasada, la Alcaldía de Medellín tomó una audaz e innovadora medida, declarar a través de un decreto que en las zonas de rumba del Poblado se prohibía tajantemente la demanda de “servicios sexuales”.
Dicho decreto abre la puerta para solucionar con la misma valentía e intrepidez otros flagelos, por ejemplo, podemos acabar los tacos por decreto; prohibir el microtráfico y los robos por decreto, es más, ¿por qué no nos animamos a decretar el fin de la pobreza? En Colombia no cesa la visión de que los problemas públicos se acaban con un decreto, como por arte de magia.
Es por supuesto loable que la Alcaldía le ponga el foco a la grave crisis de explotación sexual por la que pasa la ciudad. Pero como ha sido constante en los gobiernos de Fico, entre las formas y los fondos, la institucionalidad deja mucho por desear.
Pocos minutos se tardó la Alcaldía de Medellín en emitir un comunicado donde anunciaban la búsqueda de un par de mujeres que habrían participado de actos vandálicos durante las marchas del 8M. Casi tres días se tardaron en anunciar el nombre de Timothy Livingston, el extranjero encontrado en el hotel Gotham de Provenza junto a dos menores de edad, 5 condones usados y rastros de drogas.
¿Le agradecemos a la alcaldía por tomar cartas en el asunto? No esta vez. Esta vez llegó primero la indignación y la viralización mucho antes que el actuar institucional, demostrando que los derechos de los niños y del grave azote de la explotación sexual no son prioritarios.
Para no ser injustos hay que reconocer también que alrededor de todo el caso hubo un inexplicable profundo fallo institucional. La Policía, la Alcaldía y la Fiscalía nos quedaron mal. Esto es especialmente grave cuando la ciudadanía lleva meses poniendo el grito en el cielo sobre esta situación. La explotación sexual no será nueva, de hecho, empeoró preocupantemente durante la pasada administración, pero tampoco es un problema difícil de identificar, sin diagnóstico o minúsculo.
La hora de la audacia en las medidas contra la explotación sexual se está pasando, las normas de papel y el enfoque policivo no alcanzan. El gobierno de Quintero se hizo el de la vista gorda y Fico no decepciona en decepcionar. Este problema clama por integralidad, inmediatez, recursividad, alianzas, el andar de toda la máquina institucional. No basta con reaccionar y menos de forma tardía.
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